En una reunión en la capital de Santiago del Estero, ministros y ministras de Salud de las provincias del Norte Grande se plantaron ante lo que definieron como una «crisis estructural del sistema de salud pública», con el desfinanciamiento del Programa Federal Incluir Salud como epicentro de la emergencia. La cita, encabezada por la ministra de Salud santiagueña Natividad Nassif, reunió a autoridades sanitarias de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Salta, Tucumán, Chaco y Misiones, quienes coincidieron en advertir que el sistema trabaja «al límite» y que los recortes nacionales amenazan con paralizar tratamientos vitales para miles de pacientes vulnerables.
La reunión fue encabezada Nassif, quien estuvo acompañada por Gustavo Sabalza, secretario de Salud de la provincia, y el coordinador general del ministerio Norberto Zanni. Alrededor de la mesa se sentaron José Manzur, ministro de Salud de Jujuy, Johana Elizabeth Carrizo (Catamarca), Juan Carlos Vergara (La Rioja), Emilio Lanari Zubiaur (Corrientes), Martín Monerris (Salta), y el subsecretario de Salud de Tucumán Marcelo Montoya. Además, participaron referentes del Programa Incluir Salud de Santiago del Estero, Chaco, Misiones y las demás provincias del Norte Grande.
El reclamo
Como resultado del encuentro, se consensuó un documento crítico y la conformación de una mesa federal permanente de seguimiento de Incluir Salud, con participación de la Nación y las provincias. El documento será presentado ante el Ministerio de Salud de la Nación en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), para impulsar respuestas concretas y una agenda de trabajo que garantice la continuidad, equidad y calidad de las prestaciones.
La inédita reunión reafirmó la decisión política de las provincias de actuar de manera conjunta y promover una respuesta federal ante una problemática que, advirtieron los ministros, requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles.
El Programa Federal Incluir Salud nació en 2011 para garantizar cobertura médico asistencial gratuita a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) –un universo que incluye a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más, mayores de 70 años en situación de pobreza, excombatientes de Malvinas y otros beneficiarios de pensiones asistenciales- que no cuentan con obra social ni prepaga.
El programa funciona mediante un esquema de financiamiento nacional y gestión provincial descentralizada. Es decir, la Nación transfiere fondos a las provincias adheridas que, a través de sus Unidades de Gestión Provincial (UGP), administran los recursos y articulan una red de prestadores públicos y privados. Entre las prestaciones que cubre están los medicamentos de alto y bajo costo, tratamientos de diálisis, trasplantes, rehabilitación, prótesis, ortopedia, internaciones domiciliarias, soporte nutricional, oxigenoterapia y transporte para tratamientos.
La crisis
Durante la jornada, las autoridades sanitarias denunciaron una situación crítica y generalizada del programa en toda la región. El desfinanciamiento por parte del Gobierno obligó a las provincias a realizar aportes con recursos propios para evitar la interrupción de tratamientos, sostener la provisión de medicamentos, garantizar las prestaciones de diálisis y sus traslados, y dar respuesta a situaciones clínicas que no admiten demoras. Esta situación, alertaron los funcionarios, «genera incertidumbre en pacientes y familias, sobrecarga a los equipos provinciales, profundiza las desigualdades territoriales y aumenta los procesos de judicialización».
«Estamos al límite»
La crisis de Incluir Salud se inscribe en un panorama más amplio de saturación del sistema público de salud en todo el país. En Corrientes, el ministro de Salud, Dr. Emilio Lanari Zubiaur, explicó hace unas semanas, como lo informó Ámbito, que la provincia realiza acuerdos con clínicas privadas para atender a pacientes indigentes que esperan cirugías programadas en hospitales públicos.
En Misiones, el ministro Héctor González presentó ante la Legislatura provincial un panorama contundente: la salud pública absorbe el 80% de la demanda sanitaria provincial y la demanda creció hasta un 20% en el último año, fenómeno explicado por el desplazamiento masivo de pacientes desde el sector privado hacia el público, producto de la imposibilidad de miles de familias de sostener los costos de la medicina privada.
En Salta, el ministro Federico Mangione fue más explícito: «Tengo colmadas las guardias. Hace cuatro meses que volvimos a tener pacientes en los pasillos, en camillas. No me alcanza el espacio». Mangione vinculó la saturación con la crisis económica y el impacto sobre quienes tienen obra social: «Ha aumentado muchísimo la cantidad de pacientes con obra social porque no hay plata». Muchas familias que antes se atendían en clínicas privadas hoy no pueden afrontar los depósitos iniciales —que no bajan del millón de pesos— y terminan recurriendo a los hospitales públicos.
Los recortes
La crisis del Programa Incluir Salud se inscribe en un contexto de brutal ajuste estructural del presupuesto nacional de salud desde la asunción del presidente Javier Milei. Según un informe de la organización Soberanía Sanitaria, entre 2023 y 2024, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación registró una caída real del 31%. En 2025 se observó una nueva reducción del 13% respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34% en relación con 2023.
En el área de programas sanitarios, el ajuste fue aún más pronunciado. En 2024, el presupuesto ejecutado en programas del Ministerio de Salud descendió un 35% en términos reales. El programa SUMAR -que financia el primer nivel de atención- sufrió una caída del 28%, mientras que el Programa de VIH registró una reducción real cercana al 50%. En 2025, la caída total en programas sanitarios se moderó pero persistió una reducción real del 14% respecto del año anterior.
En el Presupuesto 2026, aprobado por el Senado en diciembre de 2025, si bien los fondos destinados a la Salud aumentan un 2,7% real, las partidas específicas para el Ministerio de Salud caen un 13,7% en la proyección para 2026. Además, el Presupuesto 2026 contempla un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI, lo que implica una caída del 2,5% real en los gastos totales del Estado respecto al cierre previsto para 2025. Y en mayo de este año, con la recaudación en picada, Milei volvió a recortar el presupuesto en esta misma área por casi $3 billones, reduciendo partidas que preveían apenas $226.469 millones a unos $3,2 billones.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante los primeros dos años de la gestión Milei, la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió recortes del 70%, el Instituto Nacional del Cáncer del 54%, los fondos destinados a los hospitales nacionales cayeron hasta un 38%, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrió un ajuste del 14%. La ejecución presupuestaria también cayó en el Instituto Malbrán (-22%), la ANMAT (-28%) y en los programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades, con caídas que llegan hasta el 100%.
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