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RED DE ABUSOS Y GROOMING | CINTIA FRENCIA, CONCEJALA DE CÓRDOBA en #ENSONDEPAZ
La concejala de la provincia de Córdoba, Cintia Frencia, analizó el avance de la causa judicial que cuenta con 17 detenidos y exigió que se investiguen las responsabilidades políticas e institucionales detrás del caso.
El caso que hoy conmociona al norte cordobés comenzó a gestarse en julio pasado tras la denuncia por la desaparición de una adolescente de 14 años en Villa María de Río Seco, quien días más tarde fue hallada en la provincia de Santiago del Estero, encendiendo las primeras alarmas sobre traslados organizados interprovinciales.
La concejala Cintia Frencia de Córdoba comentó que, a partir de ese hecho, la investigación judicial avanzó sobre un entramado delictivo que derivó rápidamente en la detención e imputación de 17 personas por delitos de captación digital, abusos y facilitación de la prostitución infantil.
Las pesquisas revelaron un patrón sistemático de captación por redes sociales sobre niñas y adolescentes de entre 11 y 14 años en extrema vulnerabilidad social, articulado con choferes no registrados para su traslado.
La causa adquirió una dimensión política de mayor gravedad cuando las actuaciones alcanzaron a José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor parlamentario en la Legislatura provincial, tras la filtración de audios comprometedores donde el acusado detallaba el intercambio de recursos estatales y ayuda social de campaña electoral por abusos a menores de edad.
Ante este escenario, Frencia denunció públicamente que las renuncias y apartamientos en el ámbito legislativo buscan cortar el hilo de la investigación para blindar las responsabilidades políticas directas. Asimismo, advirtió sobre la existencia de denuncias previas archivadas en la zona y cuestionó el vaciamiento presupuestario de las áreas de niñez.
Finalmente, la referente del Frente de Izquierda remarcó que, frente a la desprotección y la gravedad de los hechos, resulta indispensable constituir una comisión investigadora independiente, asegurar contención y asistencia material integral a las víctimas y sus familias, y sostener la visibilización y movilización social para evitar que la causa quede impune.
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