Cambios en los aportes sindicales: el Gobierno oficializó que horas extra, aguinaldo y bonos quedan fuera de la base de cálculo. La medida busca dar mayor transparencia y certeza en las negociaciones colectivas.
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar cómo deberán calcularse los aportes sindicales previstos en los convenios colectivos
El Gobierno nacional oficializó este lunes 20 de julio, mediante el Decreto 612/2026, una modificación clave en la reforma laboral que excluye horas extra, aguinaldos y bonos de la base de cálculo para los aportes sindicales en todo el país.
La normativa establece que, a partir de ahora, los aportes se calcularán exclusivamente sobre el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual.
Esta medida busca unificar criterios y evitar interpretaciones discrecionales que, hasta la fecha, generaban incertidumbre en las negociaciones colectivas. Según el texto oficial, el objetivo es «brindar certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación» en el marco de la Ley de Modernización Laboral.
Conceptos excluidos de la base imponible
Con la entrada en vigencia de esta reglamentación, quedan fuera del cálculo conceptos como las horas extras, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), premios, bonos, plus vacacional, participación en las ganancias y cualquier suma no remunerativa o pago extraordinario.
Esta decisión impacta directamente en la estructura de costos laborales, buscando aliviar la carga sobre empleadores y trabajadores al limitar la base sobre la cual se aplican las retenciones gremiales.
Mayor transparencia y control de fondos
El decreto también impone nuevas exigencias de transparencia para las organizaciones sindicales. Los gremios deberán administrar de manera separada y con documentación diferenciada aquellos fondos destinados a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales.
Esta medida de trazabilidad busca garantizar que los recursos aportados por los empleadores se destinen exclusivamente a los fines previstos, facilitando el control de legalidad por parte del Estado antes de la homologación de futuros acuerdos colectivos.
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