El gobernador Ricardo Quintela promulgó este viernes la ley que avala el reclamo de La Rioja a San Juan por territorios que actualmente forman parte de la provincia cuyana, una disputa histórica que volvió a ganar calor en los últimos meses por distintas protestas del cacique norteño.
«Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano», comento Quintela al dar a conocer la noticia.
El proyecto había sido impulsado por el oficialismo provincial y aprobado en la Legislatura, con apoyo de la mayoría de las fuerzas a excepción de La Libertad Avanza (LLA), y es rechazado de plano por el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.
Como contó Ámbito, un reclamo riojano reavivó la antigua disputa territorial que tiene como protagonistas a ambos distritos. La pulseada se remonta a 1968, cuando el dictador Juan Carlos Onganía sancionó la ley 18.004, que fijó los límites interprovinciales de las dos jurisdicciones.
Esa normativa determinó que territorios como el cerro El Potro -donde hoy se desarrolla el proyecto Josemaría, parte del complejo Vicuña- y el Valle de la Luna pasaran a formar parte de San Juan, a pesar de que, hasta entonces, habían sido considerados riojanos.
La pulseada permaneció velada por largo tiempo hasta que, en abril, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordenó la paralización de las actividades del emprendimiento Vicuña por 30 días y prohibió el uso de rutas y caminos en territorio riojano, los únicos accesos viables al campamento Batidero, en San Juan. La medida fue celebrada por Quintela como un espaldarazo a su posición.
Entre sus fundamentos, la ley sostiene que la norma nacional dictada durante la última dictadura militar en 1968, mediante la Ley N.º 18.004, modificó de manera unilateral los límites provinciales sin la intervención del Congreso de la Nación, generando un perjuicio territorial para La Rioja.
Además, faculta al Poder Ejecutivo riojano para que, a través de los organismos competentes, «inicie de forma inmediata las gestiones administrativas, políticas y legislativas que resulten necesarias ante el Congreso de la Nación con el objeto de reclamar, reivindicar y consolidar de manera definitiva el dominio territorial de La Rioja en la zona limítrofe con la Provincia de San Juan».
También instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones judiciales que correspondan y solicitar ante los tribunales competentes las medidas cautelares, de no innovar o de tutela anticipada «que resulten urgentes para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en la zona en disputa, impidiendo cualquier acto de disposición, explotación o avance jurisdiccional».
Rechazo de San Juan
Por el contrario, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ya advirtió que no se prestará a discutir el tema.
«Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia», dijo.
La respuesta también abrió una grieta en el justicialismo, ya que desde el PJ sanjuanino salieron a responderle a Quintela, también peronista.
«Cuando se trata de defender el territorio, los recursos y los derechos de nuestra provincia, no existen diferencias partidarias», dice el texto, que anticipa que acompañarán «toda acción institucional que impulse la provincia para ratificar y defender sus límites, en el marco de la responsabilidad, la seriedad y el respeto a los mecanismos que establece nuestra Constitución».
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