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YA HAY ADOLESCENTES PRESOS SIN EL DEBIDO PROCESO | LAURA MUSA, DIR. DE FUNDACIÓN SUR ARGENTINA
Laura Musa explica que la nueva legislación, aun con sus limitaciones, introduce las garantías fundamentales del debido proceso constitucional (imputación formal, juicio con defensa y sentencia).
Remarca que bajo la normativa previa (sancionada durante la dictadura), los jueces tenían la facultad discrecional de enviar a menores —incluso no punibles— a institutos cerrados por tiempo indeterminado y sin juicio previo ni defensa técnica adecuada.
Cuestiona la postura de suspender la nueva ley con el argumento de las malas condiciones edilicias de los centros de detención. Argumenta que suspender la norma restituye un esquema arbitrario y sin garantías. Sostiene que la solución legal y política es intimar al Estado/gobierno a mejorar y construir infraestructura adecuada, no privar a los adolescentes de sus derechos constitucionales.
Hace un llamado a fortalecer los organismos locales de protección comunitaria, garantizar el acceso a la educación, la salud mental y la cobertura de necesidades básicas, para evitar que los jóvenes caigan en situaciones de vulnerabilidad y conflicto con la ley.
Laura Musa explica que la nueva legislación, aun con sus limitaciones, introduce las garantías fundamentales del debido proceso constitucional (imputación formal, juicio con defensa y sentencia).
Remarca que bajo la normativa previa (sancionada durante la dictadura), los jueces tenían la facultad discrecional de enviar a menores —incluso no punibles— a institutos cerrados por tiempo indeterminado y sin juicio previo ni defensa técnica adecuada.
Cuestiona la postura de suspender la nueva ley con el argumento de las malas condiciones edilicias de los centros de detención. Argumenta que suspender la norma restituye un esquema arbitrario y sin garantías. Sostiene que la solución legal y política es intimar al Estado/gobierno a mejorar y construir infraestructura adecuada, no privar a los adolescentes de sus derechos constitucionales.
Hace un llamado a fortalecer los organismos locales de protección comunitaria, garantizar el acceso a la educación, la salud mental y la cobertura de necesidades básicas, para evitar que los jóvenes caigan en situaciones de vulnerabilidad y conflicto con la ley.
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