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Una jueza impide que Donald Trump avance contra la ciudadanía por nacimiento
La resolución suspende de manera provisional una medida impulsada por el mandatario para restringir el acceso a la nacionalidad estadounidense en determinados casos. El gobierno sostiene que busca combatir el denominado “turismo de parto”.
Una jueza federal de Maryland frenó el nuevo intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Deborah L. Boardman dictó un interdicto preliminar contra una orden ejecutiva del presidente y dispuso que la medida quede suspendida mientras avanza una demanda colectiva presentada por familias inmigrantes y organizaciones defensoras de sus derechos.
Boardman sostuvo que el alcance de la medida contradice decisiones previas de la Corte Suprema. “La Corte Suprema ya se pronunció: los niños en la acción colectiva son ‘ciudadanos al nacer’”, afirmó la magistrada, designada durante la presidencia de Joe Biden.
La disposición de Trump apuntaba a limitar la ciudadanía automática en determinadas situaciones y mencionaba entre ellas a hijos de personas vinculadas con embajadas, organizaciones extranjeras u otros grupos considerados “enemigos extranjeros”. También incluía el denominado “turismo de parto”, definido por la Casa Blanca como el ingreso al país con una visa temporal con el objetivo de dar a luz allí.
La ciudadanía por nacimiento está reconocida por la legislación estadounidense desde 1868, a partir de la ratificación de la 14ª Enmienda. Trump ya había intentado modificar este principio mediante otra orden ejecutiva, pero la Corte Suprema la dejó sin efecto en junio pasado.
Las familias que recurrieron a la Justicia señalaron que la nueva disposición generaba temor e incertidumbre. Algunas manifestaron preocupación ante la posibilidad de que sus hijos fueran afectados por supuestos vínculos con personas de su familia extendida relacionadas con organizaciones consideradas enemigas, aunque los propios padres no tuvieran ninguna relación con ellas.
La Justicia rechazó los argumentos del gobierno de Trump
La demanda fue respaldada por We Are CASA, Asylum Seeker Advocacy Project y el Institute for Constitutional Advocacy and Protection. Sus representantes cuestionaron que el gobierno pudiera aplicar una definición demasiado amplia de quién puede ser considerado un “enemigo extranjero” y señalaron que algunas decisiones podrían basarse en información incorrecta o especulaciones.
Los abogados del gobierno habían pedido que la jueza no interviniera todavía. Argumentaron que las agencias federales todavía debían establecer cómo aplicarían la orden y que utilizarían las “medidas apropiadas” una vez publicada la guía correspondiente.
Boardman rechazó ese planteo y sostuvo que el contenido de la orden ya era suficiente para justificar la intervención judicial. “Independientemente de lo que diga la guía, la Orden Ejecutiva de 2026 instruye a las agencias a negar documentos de ciudadanía a varias categorías de niños”, escribió.
Desde We Are CASA también cuestionaron la iniciativa presidencial. “La Casa Blanca debe reconocer que no logrará despojar a los niños de su derecho a la ciudadanía, eludir decisiones judiciales vinculantes ni colocar a la agenda antiinmigrante del presidente por encima de la Constitución”, afirmó Shana Khader, directora jurídica de la organización.
La Casa Blanca no había emitido comentarios sobre el fallo al momento de la publicación.
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