Durante décadas, el Estado de bienestar europeo se construyó sobre la promesa de proteger a sus ciudadanos frente a los grandes riesgos de la vida. La enfermedad, el desempleo, la pobreza y la vejez dieron forma a un modelo que convirtió a Europa en una referencia mundial en materia de protección social. Pero la ola de calor que golpea a Francia y buena parte del continente demuestra que ese modelo enfrenta un desafío para el que nunca fue concebido.
El cambio climático está incorporando una nueva obligación para los gobiernos: reconfigurar el Estado para proteger a la población frente a fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Durante décadas, Europa invirtió para evitar el cambio climático. Ahora también deberá invertir para convivir con él.
El ejemplo más claro de esa transformación lo ofrece Francia. El país registró alrededor de 1.000 muertes en exceso durante la última ola de calor, la inmensa mayoría entre personas mayores de 65 años. Hospitales, residencias de adultos mayores y servicios de emergencia trabajaron bajo una presión extraordinaria mientras las temperaturas alcanzaban niveles históricos. El gobierno reconoce que la cifra podría aumentar a medida que se consoliden los registros.
Sin embargo, el país galo no constituye una excepción. Alemania registró récords de temperatura y redujo la circulación ferroviaria en algunos tramos por el calor. En ciudades como Leipzig se suspendieron servicios de tranvía, mientras que en Polonia, Austria y República Checa también se alcanzaron máximos históricos.
Además, en numerosas regiones de Italia y España se activaron alertas sanitarias y debieron reforzar sus sistemas de atención médica. En el Reino Unido, donde las altas temperaturas solían ser un fenómeno excepcional, las autoridades emitieron advertencias inéditas para amplias zonas del país.
Lo verdaderamente relevante no es la excepcionalidad de esta ola de calor, sino la creciente certeza de que dejará de ser excepcional. La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa es el continente que más rápido se calienta y que los episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes e intensos. Si esa tendencia se consolida, el desafío dejará de ser coyuntural para convertirse en permanente.
Durante décadas, la principal respuesta política al cambio climático consistió en reducir emisiones, impulsar energías renovables y acelerar la transición energética. Esa agenda sigue siendo indispensable, pero ya no alcanza. La nueva etapa exige adaptar hospitales, escuelas, redes eléctricas, sistemas de transporte y ciudades enteras a un clima que dejó de responder a los parámetros del siglo XX.
La magnitud del desafío es enorme porque buena parte de la infraestructura europea fue diseñada para un clima que ya no existe. Hospitales sin sistemas adecuados de refrigeración, escuelas construidas para conservar el calor durante el invierno, viviendas poco preparadas para temperaturas superiores a los 40 grados y redes ferroviarias afectadas por la expansión de los rieles son ejemplos de un problema mucho más profundo: las instituciones del siglo XX deberán funcionar bajo las condiciones climáticas del siglo XXI.
La respuesta del gobierno francés refleja ese cambio de paradigma. París anunció inversiones cercanas a los 100 millones de euros para reforzar la climatización hospitalaria y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Lo importante no es sólo el monto. Es la prioridad política que revela. El calor extremo deja de ser una emergencia ocasional para convertirse en una variable permanente de planificación estatal.
Pero toda transformación política tiene un costo
Europa enfrenta este nuevo desafío en un contexto complejo. Sus economías crecen poco, el envejecimiento de la población incrementa el gasto previsional y sanitario, la guerra en Ucrania obligó a aumentar los presupuestos de defensa y varios países arrastran elevados niveles de deuda pública. Ahora aparece un nuevo gasto estructural que no podrá resolverse con medidas transitorias. Adaptar ciudades enteras demandará inversiones durante décadas.
Eso modifica también el debate político. La pregunta ya no será únicamente cuánto invertir en la transición energética. La discusión empezará a girar alrededor de cuánto costará adaptar el Estado de bienestar a una realidad climática completamente distinta y cómo financiar esa transformación sin poner en tensión unas cuentas públicas ya exigidas.
Lo cierto es que la ola de calor que atraviesa este verano a Europa, marca el comienzo de una nueva etapa política. Si el Estado de bienestar fue una de las grandes innovaciones del siglo XX, la construcción de un Estado capaz de convivir con el cambio climático puede convertirse en uno de los mayores desafíos del siglo XXI.
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