Una resolución firmada desde Buenos Aires desató la movilización de mandatarios provinciales que ven peligrar décadas de trabajo en el cinturón bananero nacional. La derogación de normativas fitosanitarias vigentes desde los años noventa abrió una grieta entre el Gobierno central y las provincias productoras del norte, donde la fruta más consumida por los argentinos enfrenta su momento más crítico.
## Una decisión que divide al país
El pasado 21 de julio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó la Resolución 114/2026, instrumento que eliminó ocho regulaciones sanitarias dictadas entre 1992 y 2013. La norma, impulsada por el secretario Sergio Iraeta en línea con la Ley de Bases de desregulación, calificó dichas disposiciones como «obsoletas» e «innecesarias». Entre las derogadas figura la resolución 99/1994, que durante más de tres décadas blindó al noroeste argentino contra la entrada de bananas provenientes de zonas afectadas por la Sigatoka negra, enfermedad causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis. También quedó sin efecto la resolución 823/2006, que extendía ese escudo protector a Formosa y Misiones.
La reacción no se hizo esperar. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, optó por ausentarse de la inauguración de la Exposición Rural de Palermo y disparó con dureza contra la medida desde los micrófonos radiales. «De un plumazo, alguien en una oficina de la capital borra treinta años de protección. El problema no es competir en precios: estos hongos dejan el suelo inútil por generaciones», expresó el mandatario salteño, quien reclamó consulta previa y mayor comprensión de las realidades del interior.
Por su parte, Carlos Sadir, titular del ejecutivo jujeño, se alineó con los productores de su provincia y de toda la región del NOA. A través de sus redes sociales, el gobernador enfatizó que la cuestión trasciende lo meramente comercial: «Lo que está en juego es una actividad que da empleo, dinamiza economías locales y mantiene familias en el territorio. No pedimos muros arancelarios, pedimos que no nos expongan a plagas que pueden destruirlo todo».
## El fantasma del Mal de Panamá
La alarma de gobernadores y productores no nace de la imaginación. La producción bananera argentina ya atraviesa una crisis estructural que redujo su superficie en un 80% desde la década de 1980: de 20.000 hectáreas en aquel entonces se pasó a apenas 3.800 en la actualidad. Salta concentra entre el 65% y el 70% del volumen nacional con unas 2.784 hectáreas en los departamentos de Orán y San Martín, atendidas por unos 60 productores. Jujuy aporta su cuota desde Ledesma, mientras que Formosa —que alguna vez llegó a 4.800 hectáreas y casi 800 productores— y Misiones, con apenas 30 hectáreas, completan un mapa productivo en franco retroceso.
Con una demanda per cápita de 12 kilos anuales, la banana es la fruta más consumida en Argentina. Sin embargo, entre el 85% y el 90% de esa demanda se cubre con importaciones, principalmente de Ecuador. Esa dependencia externa, lejos de tranquilizar, alimenta el temor: el país andino, principal origen de la fruta que llega a las góndolas argentinas, reportó en 2025 la presencia del Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (R4T), más conocido como Mal de Panamá. Colombia y Perú ya habían confirmado casos en 2019 y 2021 respectivamente.
Este patógeno, letal para las plantaciones e inofensivo para humanos, invade por las raíces, obstruye el sistema vascular y mata la planta. Su capacidad de permanencia en el suelo lo convierte en una sentencia de muerte para el cultivo: una vez instalado, el terreno queda inhabilitado para la banana durante tres o cuatro décadas. «Donde entra, se acaba todo. No hay vuelta atrás», sintetizó José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta. Diego Dorigato, secretario de Desarrollo Agropecuario de esa provincia, fue más allá: «Si el R4T cruza la frontera sanitaria, se destruye una economía regional completa».
Hasta el momento, el norte argentino mantiene el privilegio de estar libre de enfermedades cuarentenarias graves. Esa condición le permite menores aplicaciones de agroquímicos, costos más contenidos y un producto de calidad diferenciada. La derogación de las normas que protegían ese estatus sanitario pone en jaque esa ventaja comparativa.
## La pulse por el futuro del cultivo
El gobierno salteño ya inició gestiones formales ante la Secretaría de Agricultura de la Nación y el SENASA para exigir protocolos de control estrictos, puntos de inspección rigurosos y certificaciones de origen exigentes. Paralelamente, el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable provincial elabora un informe técnico sobre las consecuencias productivas, económicas y sociales que podría desencadenar la medida.
Los productores, organizados en sus entidades representativas, solicitaron audiencias con autoridades del SENASA y dejaron entrever la posibilidad de recurrir a la vía judicial si no se produce una revisión de la resolución. Desde el ámbito nacional, las autoridades sostienen que la derogación forma parte de una modernización administrativa y que la eliminación de normas antiguas no implica el ingreso descontrolado de fruta extranjera.
La pulseada, en todo caso, ya está instalada. En el tablero se juega no solo el destino de una economía regional maltrecha, sino también la vigencia de un modelo de desarrollo productivo que los gobernadores del norte no están dispuestos a entregar sin pelea.
Redacción SDN
Etiquetas: producción bananera, fitosanidad, economía regional, desregulación, noroeste argentino
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