La jueza electoral de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mariel Zanini, anuló la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes prevista para el 9 de agosto de 2026 y sumó un nuevo revés a la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gustavo Melella, quien mantiene abierto un enfrentamiento con la Legislatura por el futuro del proceso.
En su fallo, Zanini consideró que el decreto de Melella fue dictado sin que estuviera firme la sentencia judicial que habilitaba avanzar con la reforma constitucional.
El documento sostiene que la Justicia Electoral tiene competencia para controlar la legalidad de los actos preelectorales y que debe garantizar la “seguridad jurídica” y la “certeza electoral” del proceso democrático.
En paralelo, la magistrada remarcó que el Superior Tribunal de Justicia había condicionado expresamente la convocatoria a que la sentencia estuviera “firme”, es decir, sin recursos pendientes.
Sin embargo, todavía continúa abierta una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada a la causa iniciada por el legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos.
El eje central del fallo es la diferencia entre “ejecutoriedad” y “firmeza” de una sentencia: aunque el rechazo del recurso extraordinario permitió ejecutar parcialmente la decisión, la jueza sostuvo que eso no equivale a una sentencia definitiva e inmodificable.
Según la resolución, el Poder Ejecutivo provincial interpretó erróneamente que el fallo ya estaba firme y avanzó con la convocatoria sin que se hubiera agotado la instancia federal. Por eso, concluyó que el Decreto Provincial 0751/26 tenía un vicio en su causa y motivación, lo que lo vuelve nulo.
La sentencia también extiende la nulidad a todos los actos derivados de esa convocatoria electoral.
Además, el fallo menciona como “hecho sobreviniente” que la Legislatura fueguina insistió con la derogación de la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional, aunque aclara que esa modificación todavía no había entrado formalmente en vigencia al momento de resolver.
La pulseada por la reforma constitucional fueguina
El viernes pasado, la Legislatura fueguina dio por tierra con el veto del gobernador a la ley que dejaba sin efecto la necesidad de una reforma constitucional en la provincia. La misma había sido aprobada por el mismo cuerpo legislativo y posteriormente vetada por Gustavo Melella, en un duro enfrentamiento cuerpo a cuerpo con una oposición cada vez más nutrida.
Melella decidió convocar a las elecciones convencionales para que los habitantes de la Isla elijan a los 15 dirigentes que se encargarían de reformar 70 de los 211 artículos de la Carta Magna local. Un día después, el parlamento provincial anuló la legislación, aprobada en diciembre del 2023.
Desde el Poder Ejecutivo indicaron que los legisladores no tienen la potestad para dejar sin efecto un proceso ya en marcha, ya la convocatoria a los comicios para el 9 de agosto se había instrumentado previamente. Desde entonces, la disputa cayó en un choque de interpretaciones.
El veto del mandamás patagónico regresó a la Legislatura, donde no pasó la prueba: cayó por 11 votos a favor y solo tres en contra.
Ante ese escenario, Melella indicó que judicializaría la pulseada con la intención de seguir adelante con el proceso. Por ahora, la moneda está en el aire.
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