Qué aplicaciones quedarían alcanzadas
Aunque el proyecto bonaerense no menciona empresas puntuales -define de forma genérica a la «plataforma de trabajo» como cualquier forma organizativa que mediante sistemas digitales organice, promueva o facilite la prestación de un trabajo humano-, el universo de aplicaciones que operan hoy en la Argentina y que potencialmente caerían bajo este marco regulatorio incluye, en el segmento de transporte de pasajeros, a Uber, Cabify y DiDi, y en el de reparto y delivery, a Rappi, PedidosYa y Uber Eats, entre otras plataformas locales y regionales con modelos similares.
Se trata de las mismas empresas que en quedaron alcanzadas por el Decreto 407/2026 del gobierno nacional, que las puso bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y las definió como prestadores independientes excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo, en sintonía con la reforma laboral impulsada por la administración libertaria. Es justamente ese esquema el que el proyecto bonaerense busca contrarrestar a nivel provincial, al reconocerles a estos trabajadores un piso de derechos que la normativa nacional no contempla.
«El gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho», planteó Correa al presentar la iniciativa, y agregó que la provincia «viene participando de este debate global en la OIT y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto».
Qué establece el proyecto
El texto enviado por el Poder Ejecutivo crea el «Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales» y alcanza a toda persona que trabaje, bajo cualquier figura contractual o asociativa, en un servicio organizado o mediado por una plataforma dentro del territorio bonaerense.
Entre sus ejes centrales figuran: un Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, de inscripción obligatoria para las empresas; y el deber de informar. Así, las plataformas deberán poner a disposición de las autoridades y de los representantes de los trabajadores datos sobre cantidad de personas activas, condiciones contractuales, duración media de la actividad, horas trabajadas e ingresos promedio.
También, se propone un seguro de accidentes personales obligatorio y a cargo exclusivo de las empresas, que cubra muerte accidental, invalidez total o parcial y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. La cobertura regirá desde el momento de conexión a la plataforma hasta la desconexión, e incluye los trayectos hacia y desde los centros de operación y el trayecto in itinere entre el domicilio y el lugar de trabajo.
En simultáneo, se contempla una aplicación móvil oficial con botón de pánico para emergencias de seguridad y botón de emergencia en salud, que permitirá dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o al sistema de salud ante un accidente o una situación de riesgo.
Paradores obligatorios en los centros de operación, depósitos y locales desde donde se organiza el reparto, con sanitarios, espacios de descanso, resguardo de pertenencias, agua potable y estacionamiento para los vehículos de trabajo, son otros de los puntos que la administración de Kicillof busca implementar.
A la vez, se impulsa la regulación de las «tiendas invisibles», los locales que operan a puertas cerradas y despachan pedidos exclusivamente a través de plataformas, que deberán garantizar esas mismas condiciones mínimas a quienes retiran la mercadería y se pretende lograr una articulación con el Banco Provincia para facilitar microcréditos destinados al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo.
La propuesta además apunta a la creación de una Mesa de Coordinación de Trabajo mediante Plataformas, presidida por el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación, con funciones que incluyen desde la planificación de políticas para el sector hasta la creación de canales de atención prioritaria en áreas de tránsito, espacios de estacionamiento exclusivos y convenios de colaboración con otras jurisdicciones.
El antecedente del «fallo Rappi»
El proyecto se apoya también en un antecedente judicial: el denominado «fallo Rappi» de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que convalidó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas digitales y reafirmó el principio de primacía de la realidad para determinar si existe o no una relación laboral, por encima de cómo la empresa la denomine en sus contratos.
En los considerandos enviados a la Legislatura, el Ejecutivo bonaerense invoca además el artículo 39 de la Constitución provincial, que reconoce el poder de policía en materia laboral, y el artículo 42 de la Ley 10.149, que habilita a la autoridad laboral a requerir información a las empresas para garantizar transparencia y control en las relaciones de trabajo dentro de su jurisdicción. También se cita el artículo 7° del Anexo II del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que compromete a las provincias a coordinar políticas de fiscalización laboral.
El marco internacional
El mensaje de elevación destaca que la iniciativa recoge los lineamientos surgidos de la 113ª (junio de 2025) y la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, esta última realizada en junio de este año, que adoptó en forma tripartita un Convenio sobre trabajo decente en plataformas digitales calificado como un acontecimiento de «enorme trascendencia» para el mundo del trabajo.
Ese instrumento internacional establece principios que obligan a los Estados a garantizar una adecuada determinación de la relación de trabajo, transparencia en los sistemas algorítmicos de gestión, mecanismos de revisión de decisiones automatizadas, protección de datos personales y acceso a la protección social y la libertad sindical. El proyecto también toma como referencia experiencias regulatorias ya aplicadas en España y México.
Incumplimientos y sanciones
La falta de cumplimiento de las obligaciones de registro, información y disposición de paradores quedará tipificada como infracción grave a la normativa laboral en materia de salud, seguridad e higiene, y se calificará como infracción muy grave cuando derive en riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. La fiscalización y sanción quedará a cargo del Ministerio de Trabajo, conforme la Ley 10.149 y el Pacto Federal del Trabajo.
El proyecto invita además a los municipios bonaerenses a adherir a la norma una vez sancionada, y garantiza el derecho a la protección de los datos personales de los trabajadores de acuerdo a la Ley provincial 14.214.
El por qué de la ley
Durante una entrevista radial, Kicillof advirtió contra la simplificación de presentar a los empleos de plataformas solamente como una opción “de libertad” para trabajar pocas horas mientras se estudia o durante ratos libres. «Hay diferentes situaciones: a veces tiene que ver con la voluntad o con intercalar actividades, pero otras tienen que ver con el desempleo, con que no hay posibilidades de conseguir laburos que te garanticen algún tipo de continuidad y formalidad«, planteó.
El mandatario bonaerense explicó que para quienes generan la totalidad de su ingreso a través de una plataforma, los montos variables que define el algoritmo pueden no alcanzar ni un salario mínimo pese a cargas horarias muy extensas, y puso de relieve que ante un accidente «resulta difícil certificar algún vínculo laboral».
En ese marco, apuntó contra el presidente Milei por presentarse como representante de los trabajadores de Rappi, PedidosYa y Uber al mismo tiempo que, según el gobernador, su gestión generó despidos en otras ramas de la producción como la textil y la metalúrgica. «Con todo el desempleo que generó Milei en otras ramas (…) a veces utilizan estas modalidades de trabajo, entonces hay más oferta de trabajadores con lo cual han bajado lo que se les paga, así que están peor que cuando llegó Milei», sostuvo, y remarcó que fue en ese contexto que la provincia presentó su proyecto.
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