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Anabela Lucero lleva más de una semana en huelga de hambre y denuncian obstáculos para comunicarse con el juez
La defensa de la ex diputada vinculada al caso de Molino Fénix denunció que se mantiene en huelga de hambre para reclamar por atención médica y piden urgentemente establecer comunicación con el juez a cargo de la causa.
En una entrevista brindada por el abogado defensor de Anabela Lucero, Adriel Cabello, se dio a conocer que la ex diputada lleva más de una semana en huelga de hambre. Específicamente, la protesta comenzó el martes 29 de septiembre por la falta de atención médica. Además, le impiden comunicarse con el juez para revertir la situación.
Cabello explicó que exigen concretar los estudios médicos indicados por el cirujano que la evaluó en su momento. «Desde el inicio de esta medida, ha perdido más de siete kilos», señaló y agregó que continúa con dolor e inflamación, por lo que le aumentaron la dosis de los analgésicos.
Por otra parte, su entorno reclamó que el Servicio Penitenciario le prohibió enviar notas directamente al juez y exige que todas sus comunicaciones pasen por la Dirección del establecimiento. Según manifestaron, desde el 29 de septiembre permanece allí un hábeas corpus manuscrito dirigido al juez Ortiz, en el que Lucero relata en primera persona lo que está padeciendo.
Su defensa afirma que no se ha formado el incidente correspondiente en el Juzgado de Garantías y teme que el magistrado no haya recibido la presentación ni conozca lo que ella expuso. En ese sentido, solicitan su inmediata remisión y una respuesta médica efectiva y oportuna.
Más información de la causa de Molino Fénix
Según la información del Poder Judicial, en la audiencia que se realizó el 24 de agosto, el Fiscal de Instrucción Nº 3, José Olguín, pidió se formulen cargos en contra de Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres como autores de los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y por el delito previsto en el Art. 255 del Código Penal Argentino, en cuanto a la destrucción de evidencia.
- Administración fraudulenta. Los hechos, relató Fiscalía habrían ocurrido entre el 2020 y el 2023, en perjuicio de la Administración Pública. Según la teoría del caso planteada por el Ministerio Público Fiscal los imputados aprovecharon el rol que cumplían en el Molino Fénix, dispusieron de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante diferentes mecanismos irregulares como, por ejemplo, facturas falsas. El perjuicio estimado es por un monto de 900 millones de pesos. Fiscalía relató las funciones desplegadas por cada uno de los imputados y mencionó que las maniobras se realizaron a través de diferentes tipos de defraudación.
Uno de los mecanismos utilizados consistió en contrataciones directas que se hacían a empresas radicadas en otra provincia y que no eran proveedores del Estado Provincial. Mencionó que estas maniobras se hacían en total incumplimiento de normas contables.
Asimismo, otra de las maniobras se daba a través de la contratación de empresas cuyos bienes o servicios no tenían nada que ver con la actividad del Molino Fenix. En este sentido, Fiscalía mencionó que de 116 cheques relevados durante la investigación, sólo 4 estaban en orden. Esto habría permitido desviar fondos a terceras personas.
El Fiscal consideró que el perjuicio económico ya está hecho y que la investigación debe continuar para determinar quiénes fueron las personas beneficiadas con estas maniobras.
En el mismo sentido se expresó Fiscalía de Estado, destacando además la escala del daño producido, sin antecedentes.
- Asociación ilícita. Fiscalía se refirió a este tipo penal y destacó que existió un pacto entre personas para cometer delitos. Este acuerdo se dio a lo largo del tiempo – entre el 2020 y el 2023–, con división de funciones. En este sentido, mencionó que los imputados afectaron servicios y vehículos a la campaña electoral de Anabela Lucero. Además, sostuvieron una red de pagos. Participaron en más de 10 hechos, entre ellos, uno registrado el 9 de diciembre del 2023, donde concretaron el vaciamiento de la Casa de la Música del Molino Fénix.
- Destrucción de evidencia. El Ministerio Público Fiscal se refirió también a la comisión del delito previsto en el Art. 255 del Código Penal Argentino, que se refiere a la destrucción, ocultamiento, alteración o sustracción de pruebas, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público. En este sentido, mencionó que a mediados del 2023, y ante el próximo cambio de gestión, los imputados sustrajeron y destruyeron evidencias que los involucraban con la comisión de delitos. Específicamente, mencionó la destrucción de registros contables en un horno de barro, así como también el borrado de evidencias digitales realizado por dos de los imputados – Beltrán y Anabela Lucero – en sus teléfonos celulares.
Resolución del juez
El juez resolvió hacer lugar a la ampliación de formulación de cargos para: Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres por el delito de administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.
En relación a la asociación ilícita, hizo lugar a la formulación de cargos para Anabela Lucero y Joaquín Beltran como jefes de organización y para los demás imputados como partícipes necesarios.
El juez dispuso la prisión preventiva de Anabela Lucero, Exequiel Scarel y Enzo Lucero por el plazo de sesenta días a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Entre otros motivos, fundó la resolución en la prueba pendiente de producción, entre ellas, pericias contable e informática y las entrevistas que se deben tomar a los fines de determinar la participación de otras personas en los hechos.
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