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Nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba: “Seguir viendo a tu torturador en el supermercado o en la calle es una forma de perpetuar el genocidio”
El proceso judicial se desarrolla en Río Cuarto, tiene 21 imputados y reúne hechos ocurridos entre 1975 y fines de 1978. Joaquín Albornoz, integrante de la querella de la APDH, advirtió sobre las consecuencias de la impunidad durante décadas y vinculó la memoria histórica con la defensa actual de los derechos humanos.
A 50 años de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, comenzó en Río Cuarto, Córdoba, un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad que busca determinar las responsabilidades penales por secuestros, torturas, homicidios y otros crímenes perpetrados entre 1975 y fines de 1978. El proceso tiene 21 imputados y comprende a 70 víctimas, en una investigación que reconstruye el funcionamiento del aparato represivo en el sur de la provincia.
En diálogo con el periodista Francisco Paz, Joaquín Albornoz, integrante del equipo de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Cuarto y colaborador en la producción de pruebas, destacó la importancia del comienzo del debate oral, aunque advirtió sobre el tiempo transcurrido y la muerte de numerosos acusados antes de llegar a esta instancia.
“La impunidad biológica ha hecho lo suyo”, sostuvo Albornoz al explicar que la causa comenzó con alrededor de 80 imputados y que, al momento del juicio, permanecen 21. Además, señaló que tres acusados murieron entre la elevación de la causa a juicio y la primera audiencia.
Para el integrante de la querella, el inicio del proceso representa una conquista para los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes, pero también deja un sabor amargo por la demora judicial.
La impunidad y las marcas que persisten después de 50 años
Uno de los momentos más significativos de la entrevista estuvo relacionado con las consecuencias que la falta de justicia tuvo durante décadas sobre quienes sobrevivieron al terrorismo de Estado. Albornoz explicó que, en ciudades como Río Cuarto, algunos sobrevivientes tuvieron que convivir con la presencia de sus propios torturadores en espacios cotidianos.
“Seguir viendo a tu torturador en el supermercado o en la calle es una forma de perpetuar el genocidio, de perpetuar ese crimen de lesa humanidad que sigue actuando inclusive después de 50 años”, afirmó.
La declaración expone una dimensión del daño que trasciende los delitos cometidos durante la dictadura: la permanencia de los responsables en libertad y el impacto de esa situación en la vida cotidiana de las víctimas, sus familias y sus entornos cercanos.
En ese sentido, Albornoz consideró que la novedad del juicio no radica simplemente en que los sobrevivientes vuelvan a encontrarse cara a cara con sus torturadores, sino en que ese encuentro ocurra dentro de una sala de audiencias y en el marco de un proceso judicial.
“Esta vez los miran cara a cara dentro de una sala de audiencias, dentro de una causa por delitos de lesa humanidad, dentro de un proceso en donde ellos efectivamente tienen que poner la cara”, señaló.
Según el integrante de la querella, la instancia judicial permite que los acusados queden expuestos públicamente y que sus familias, amistades y entornos conozcan los hechos por los que están siendo juzgados.
Un juicio que reconstruye el terrorismo de Estado en el interior
La investigación involucra a exintegrantes del Ejército Argentino, la Policía Federal y la Policía de la provincia de Córdoba. De acuerdo con Albornoz, estas fuerzas tuvieron un papel central en los operativos que derivaron en la detención de más de 170 personas en Río Cuarto.
El entrevistado destacó que una parte importante de los imputados está siendo juzgada por primera vez en una causa de estas características. Esa circunstancia, explicó, permitirá reconstruir con mayor amplitud el funcionamiento del aparato represivo en una ciudad del interior del país.
La causa principal comprende 63 hechos y, junto con otras investigaciones incorporadas al proceso, aborda privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros, tormentos agravados, homicidios y delitos de índole sexual. Entre los lugares vinculados con los hechos investigados aparecen centros clandestinos de detención como La Perla y Campo de La Ribera, además de distintas unidades penitenciarias de Córdoba.
Imagen ilustrativa
Para Albornoz, la búsqueda de justicia también implica reconocer las identidades de las víctimas y reconstruir las experiencias de sus familiares, compañeros de militancia y personas que las acompañaron durante la persecución política.
Memoria, justicia y derechos humanos en el presente
El integrante de la APDH también se refirió al papel del Estado nacional en los juicios por delitos de lesa humanidad y a la responsabilidad de sostener las políticas vinculadas con la memoria, la verdad y la justicia. La continuidad de las querellas y de los procesos judiciales es resultado de las luchas del movimiento de derechos humanos, así como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
En relación con la situación actual, cuestionó el discurso oficial sobre el pasado dictatorial y planteó que, a su criterio, el fenómeno no debe definirse únicamente como negacionismo.
“El negacionismo, más que negacionismo, es justificacionismo”, afirmó.
En esa línea, vinculó esos discursos con las políticas de seguridad y las respuestas estatales frente a las protestas sociales. Mencionó, entre otros sectores, a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores y estudiantes, y advirtió sobre lo que considera un retroceso en materia de derechos humanos.
También manifestó preocupación por las modificaciones en las normas de inteligencia, seguridad y defensa, y por el uso del ciberpatrullaje y la vigilancia en redes sociales. Según su planteo, estas herramientas pueden derivar en prácticas de persecución política y afectar las libertades individuales.
“Cuando hablamos de memoria, verdad, justicia y demás, también nos referimos a poder revisar actualmente las leyes de inteligencia, las leyes de seguridad”, señaló.
Y agregó que esas estructuras estatales deberían estar orientadas a proteger la soberanía nacional y las libertades de la ciudadanía, en lugar de perseguir a opositores o periodistas.
Juicio por lesa humanidad en Mendoza en 2014. Lectura de las acusaciones a los exjueces Rolando Evaristo Carizzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y el entonces fiscal Otilio Irineo, Roque Romano.
La justicia también se construye fuera de los tribunales
Albornoz destacó que la búsqueda de justicia no se limita a las sentencias judiciales, sino que también se desarrolla en las escuelas, los lugares de trabajo y los espacios de intercambio social. En ese marco, valoró la construcción colectiva de la memoria y la posibilidad de debatir sobre lo ocurrido durante la dictadura.
“La justicia no se da solo en los tribunales, sino sobre todo en la calle, en las escuelas, en los espacios de trabajo”, sostuvo.
El juicio que comenzó en Río Cuarto constituye una nueva instancia para esclarecer responsabilidades penales por crímenes cometidos hace cinco décadas. Para los organismos de derechos humanos, el proceso representa una oportunidad de avanzar en el reconocimiento de las víctimas, reconstruir la historia represiva de la región y reafirmar el reclamo de verdad y justicia.
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