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El exsecretario de Seguridad analizó la reciente toma de rehenes en la Alcadía porteña
El exsecretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, sostuvo que las comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires no están preparadas para alojar detenidos durante períodos prolongados. Además, cuestionó la falta de un sistema penitenciario adecuado y advirtió sobre los riesgos que enfrentan tanto las personas privadas de la libertad como el personal policial.
La toma de rehenes registrada en la Alcaldía 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a poner en discusión las condiciones de detención y el funcionamiento del sistema de seguridad porteño. El episodio que ocurrió por varias horas se originó por una riña entre detenidos que derivó en la retención de personal policial.
En diálogo con el periodista Francisco Paz, el exsecretario de Seguridad de la Nación Eduardo Villalba analizó el procedimiento de las fuerzas de seguridad y sostuvo que el hecho se relaciona con una problemática que se arrastra desde hace años: la permanencia prolongada de personas detenidas en dependencias policiales que no fueron diseñadas para funcionar como establecimientos penitenciarios.
Villalba consideró que la intervención de las fuerzas de seguridad logró resolver la situación sin mayores consecuencias para las personas involucradas, aunque advirtió que el desenlace podría haber sido diferente.
Comisarías y alcaldías: el problema de las detenciones prolongadas
El exfuncionario señaló que la situación de las personas alojadas en comisarías y alcaldías ya había generado preocupación por las fugas registradas en años anteriores y por las denuncias sobre las condiciones de detención.
Según explicó, las alcaldías funcionan como espacios de alojamiento transitorio para personas detenidas mientras avanzan sus procesos judiciales. Sin embargo, la falta de plazas disponibles en el sistema penitenciario y las dificultades de coordinación entre las jurisdicciones provocan que algunas permanezcan allí durante períodos prolongados.
“Terminan funcionando como penitenciarías de cabotaje”, describió Villalba al referirse a las dependencias policiales que, en la práctica, asumen funciones propias de una cárcel.
El exsecretario remarcó que estos espacios no cuentan necesariamente con las condiciones de infraestructura, salubridad y tratamiento penitenciario que requiere el alojamiento de personas privadas de la libertad.
Los riesgos para el personal policial y los detenidos
Villalba sostuvo que los efectivos destinados a comisarías y alcaldías deben asumir tareas para las que no fueron necesariamente capacitados. Esta situación, afirmó, genera dificultades operativas y aumenta los riesgos para su integridad física y su vida, como pudo evidenciarse durante el episodio.
Al mismo tiempo, advirtió que las personas detenidas también quedan expuestas a condiciones inadecuadas cuando permanecen durante mucho tiempo en lugares que no fueron diseñados para ese propósito.
El exfuncionario aclaró que la discusión no debe plantearse en términos de garantismo o falta de firmeza frente al delito, sino desde el respeto por las garantías constitucionales y las condiciones que deben cumplirse durante el proceso judicial y la ejecución de una pena.
En ese sentido, recordó que no todas las personas alojadas en dependencias policiales tienen una condena firme: algunas se encuentran procesadas o atraviesan distintas etapas de una investigación judicial.
Las condiciones de alojamiento, más allá de los celulares
Se cuestionó el tratamiento mediático del episodio, particularmente la atención puesta en la presencia de celulares y televisores en el lugar. Villalba señaló que las imágenes difundidas permitían observar las condiciones en las que se encontraban los detenidos y consideró que ese aspecto merecía mayor atención pública.
El exfuncionario sostuvo que el debate no debería limitarse a la tenencia de dispositivos electrónicos, sino que también debería contemplar el hacinamiento, la salubridad y la falta de espacios adecuados para el alojamiento de las personas privadas de la libertad.
Además, cuestionó la difusión de información sin suficiente contexto y planteó la necesidad de distinguir entre las personas condenadas y aquellas que todavía no recibieron una sentencia firme.
La ley penitenciaria de la ciudad y los desafíos pendientes
Villalba recordó que, tras las fugas registradas en dependencias policiales, la problemática de los detenidos alojados en comisarías adquirió mayor relevancia en el debate público porteño.
En ese contexto, mencionó la sanción de la Ley 6923 de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a establecer un marco para el tratamiento de las personas condenadas y avanzar en la creación de un servicio penitenciario propio.
Sin embargo, advirtió que la aprobación de una norma no resuelve por sí sola los problemas estructurales si no se cuenta con infraestructura, personal especializado y recursos suficientes para implementarla.
En ese sentido, cuestionó el enfoque de la política de seguridad que, a su entender, prioriza la comunicación de determinados operativos por encima de las dificultades de fondo que atraviesa el sistema de detención.
¿Qué reclamaban los detenidos?
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la falta de información precisa sobre los motivos que desencadenaron la toma de rehenes y los reclamos de las personas alojadas en la alcaldía.
Villalba indicó que el caso quedó bajo intervención de la fiscalía correspondiente y que las responsabilidades individuales debían determinarse en el marco de las actuaciones judiciales.
No obstante, consideró que las condiciones de alojamiento y la ausencia de un sistema adecuado de tratamiento penitenciario forman parte del contexto que debe analizarse para comprender este tipo de episodios.
El exfuncionario explicó que el tratamiento penitenciario comprende las herramientas profesionales, educativas y sociales destinadas a acompañar a las personas durante el cumplimiento de una pena y favorecer su posterior reinserción en la sociedad.
La preocupación por la implementación del régimen penal juvenil
La conversación se extendió a los desafíos que enfrenta la implementación del régimen penal juvenil. Villalba advirtió que la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal requiere establecimientos adecuados, profesionales especializados, docentes y personal de seguridad capacitado para trabajar con menores de edad.
Según sostuvo, la insuficiencia de esa infraestructura constituye uno de los principales obstáculos para garantizar una aplicación adecuada del régimen.
El exsecretario también manifestó su coincidencia con los cuestionamientos sobre la capacidad actual del sistema para responder a estas demandas y consideró necesario atender las condiciones materiales y profesionales antes de avanzar con su implementación efectiva.
A modo de cierre, la conversación llevó a profundizar el debate sobre el sistema de seguridad y detención de la ciudad de Buenos Aires, más allá de los operativos puntuales. Para Villalba, la problemática exige abordar las condiciones de alojamiento, la capacitación del personal, el funcionamiento del sistema penitenciario y las herramientas destinadas a la reinserción social.
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