La Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) resolvió el viernes la destitución definitiva de Karim Khan, el fiscal jefe que había requerido la captura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La medida se concretó mediante una votación reservada celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde 82 de los 125 países miembros respaldaron la remoción del jurista británico, muy por encima de los 63 sufragios mínimos exigidos.
## El contexto de la caída del fiscal
Khan, de 56 años, ya se encontraba alejado de sus funciones desde mayo del año pasado, cuando una colega de su equipo lo denunció por presuntos abusos sexuales. La Mesa de la Asamblea de Estados Partes, conformada por 21 integrantes, había decidido su suspensión provisional el mes pasado y convocado la sesión extraordinaria que finalmente selló su salida.
La resolución interpone un punto final al mandato del abogado formado en Oxford, quien desde 2021 había impulsado causas de alto voltaje político. Bajo su conducción, la fiscalía avanzó en investigaciones sobre conflictos en Ucrania, Libia, Sudán y Afganistán, y logró que se emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación de menores desde territorios ocupados.
Sin embargo, fue su pedido de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant —junto a reclamos contra dirigentes de Hamas posteriormente muertos— lo que lo puso en la mira de potencias occidentales. La administración de Donald Trump le aplicó sanciones económicas y le vedó el ingreso a territorio estadounidense como represalia.
## Denuncias, defensa y reacciones internacionales
La semana previa a la votación, la presunta víctima —una abogada malasia que se identificó como Sarah— rompió su silencio en una entrevista con CNN. Denunció una «escalada de intentos» de agresión y subrayó la asimetría de poder que existía: «No era solo mi jefe, sino el superior de todos». Su testimonio añadió presión sobre un proceso que la propia presidenta de la Asamblea había calificado de «delicado y complejo».
Los defensores de Khan, por su parte, anunciaron que apelarán la decisión y cuestionaron que se vulneraran las garantías del debido proceso. En una carta abierta difundida en redes sociales, sostuvieron que los informes reservados de la investigación no acreditarían conducta reprochable. Advirtieron, además, que la remoción constituiría un mensaje intimidatorio para futuros fiscales: cuando la independencia judicial resulta «incómoda», la institución «se vuelve contra sus propios responsables».
El canciller israelí, Gideon Sa’ar, celebró públicamente la destitución a través de su cuenta en X. Calificó la salida como «largamente esperada» y arremetió contra Khan, a quien definió como un funcionario «corrupto» que habría apurado las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes para «desviar la atención» de las denuncias que pesaban sobre él.
Estados Unidos, Israel y Rusia no forman parte de la CPI, aunque participaron del encuentro en su condición de miembros de la ONU. Antes de la votación, el exembajador estadounidense Stephen Rapp —especializado en crímenes de guerra— había considerado que las pruebas eran «suficientes» para justificar la remoción. De no prosperar, afirmó, la credibilidad de la Corte se habría visto «destruida» y más expuesta a los «ataques injustos» desde Washington.
La destitución deja a la CPI en una encrucijada institucional: debe cubrir la vacancia de su máxima autoridad persecutoria mientras navega por las tensiones geopolíticas que Khan mismo había desatado con sus investigaciones de alto perfil.
Acerca del autor
