El gobierno venezolano formalizó su salida definitiva de la Corte Penal Internacional, con sede en los Países Bajos, mediante una decisión que calificó como «irreversible». La medida fue comunicada oficialmente por el canciller Félix Plasencia González al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a través de la red social X.
## Los argumentos detrás de la ruptura
El funcionario diplomático fundamentó la determinación en lo que describió como parcialidad geográfica del organismo judicial. Según expresó, la institución habría dirigido su accionar de manera desigual, focalizando sus investigaciones primordialmente en territorios africanos y latinoamericanos, en perjuicio de otras regiones del planeta.
Plasencia González sostuvo que este comportamiento evidencia una instrumentalización de la justicia internacional que agrava las asimetrías entre naciones en lugar de reducirlas. El canciller vinculó la postura de la Corte con prácticas de lawfare, asegurando que estas perpetúan hostigamientos contra el pueblo venezolano y vulneran principios de soberanía y autodeterminación.
La comunicación al máximo representante de la ONU se realizó por indicación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El texto remitido invocó expresamente el artículo 127 del Estatuto de Roma, norma que regula la salida de estados del sistema de la CPI.
## Contexto regional y otros anuncios oficiales
La resolución de abandonar el ente judicial internacional se produce en un momento en que Venezuela aguardaba una definición de la Corte respecto a una disputa limítrofe con Guyana. La controversia territorial se encuentra entre los expedientes que quedarán sin resolución por parte del organismo tras la retirada caribeña.
En paralelo a esta medida, la jornada del 24 de julio incluyó otro anuncio de alcance diplomático: el restablecimiento progresivo de vínculos bilaterales con Perú. La información fue difundida sin mayores precisiones sobre plazos o condiciones específicas del acercamiento entre ambos países andinos.
Por otra parte, las autoridades venezolanas actualizaron las cifras del siniestro sísmico que afectó al país hace aproximadamente treinta días. Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, confirmó que el balance de fallecidos alcanzó los 5.398. La cantidad de personas damnificadas también experimentó un incremento, pasando de 17.265 a 17.907.
En materia de reconstrucción, el Fondo Monetario Internacional liberó 346 millones de dólares provenientes de las reservas venezolanas depositadas en esa entidad. El desembolso está destinado a financiar tareas de recuperación en las zonas devastadas por los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5.
Delcy Rodríguez comprometió la construcción de 4.000 unidades habitacionales para los damnificados antes de que concluya el año en curso, más otras 10.000 viviendas previstas para 2027.
Redacción SDN
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