La socialdemocracia colombiana y los enemigos de siempre

Agosto 2023 – Bruno Lima Rocha (@blimarocha)

El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un ejemplo más de cómo el nivel de tolerancia y convivencia dentro de las reglas del juego de la democracia representativa y liberal es cada vez más estrecho. Como en Guatemala con el candidato presidencial Bernardo Arévalo, Petro es un socialdemócrata con vocación de conciliar intereses en nombre del desarrollo nacional. El guatemalteco tiene el mismo perfil. El primero lucha por continuar con su mandato electo, aunque el resultado fue inmediatamente reconocido tanto por su rival como por los tribunales electorales del país. Arévalo, por su parte, cumple la suerte de otro excandidato y ahora expresidente, el peruano Pedro Castillo.

Narcocassettes y el Proceso 8000

Ciñámonos al caso colombiano. En el país de Antonio Nariño, el fantasma permanente es la influencia de la economía política del narcotráfico en el proceso político. El caso más conocido involucra al entonces candidato Ernesto Samper y al Cartel de Cali (el más grande de la historia, superando con creces al conocido Cartel de Medellín). Llamados “narcocassettes” (por las grabaciones) o Proceso 8000.

El 19 de junio, un día después del pésimo debut de Colombia en el Mundial de fútbol profesional masculino de Estados Unidos contra Rumania 3-1, el líder liberal Ernesto Samper fue elegido presidente en la segunda vuelta. 72 horas después, el candidato Andrés Pastrana admitió la derrota, pero declaró que un presidente con dinero del narcotráfico en su campaña carecía de la estatura moral para liderar a su pueblo. Las autoridades judiciales ya tenían conocimiento de la existencia de los narcocassettes, con conversaciones casuales entre el periodista Alberto Giraldo y Rodríguez Orejuela, y serios indicios de que el dinero del cártel de Cali estaba llegando a las campañas presidenciales. La reacción del elegido Samper fue reunirse con el promotor De Greiff para ofrecerle los libros de cuentas de su campaña. Rara coincidencia, la hija del Procurador había sido la primera directora financiera de la campaña política.

En esta misma elección, el M19, la exguerrilla de operaciones urbanas en Colombia, volvió a lanzar candidatos, aún después de las desventuras de las elecciones presidenciales de 1990, cuando su candidato y exlíder de la estructura militar, Carlos Pizarro Leongómez, fue asesinado por los Cártel de Medellín. En ese momento, el número dos de la fuerza política y ex guerrillero desmovilizado era el ingeniero Antonio Navarro Wolff. En 1994, el M-19 presentó su candidatura como cabeza de la boleta de la coalición Compromisso Colombia, que agrupaba movimientos políticos indígenas y de izquierda. Como candidato a vicepresidente se postuló el líder indígena Jesús Piñacué. En esa elección, la fuerza política alcanzó solo el 3,79% de los votos.

La crisis del sistema político: la socialdemocracia y el uribismo

En las elecciones de 2022, Gustavo Petro -ex-M19– alcanzó el 40,34% de los votos en la primera vuelta y el 50,44% en la segunda vuelta. En su momento derrotó al empresario Rodolfo Hernández Suárez, considerado el «anticandidato» de la derecha. En las elecciones presidenciales de 2018, el mismo Petro había alcanzado la cuarta parte de los votos válidos en la primera vuelta y en la segunda perdió ante el uribista Iván Duque, que alcanzó el 54,03 % de los votos. Las similitudes y «curiosidades» del proceso histórico no se detienen ahí.

Petro pertenece a una exguerrilla desmovilizada hace más de treinta años. El expresidente Iván Duque, por su parte, es heredero político de Álvaro Uribe Vélez, cuya familia es uno de los fundadores del Cartel de Medellín y su padre y patriarca del clan conservador, es uno de los pioneros del narcotráfico paramilitar en Colombia. Samper fue elegido pero apenas logró gobernar en la segunda mitad de los 90 debido a las acusaciones de que había recibido dinero del Cartel de Cali, el archienemigo de Medellín. Petro, en la consagración de su carrera política, se enfrenta a la herencia maldita de Antioquia (sede departamental del conservadurismo colombiano moderno), el paramilitarismo y las relaciones complementarias entre la represión, el Plan Colombia y el aparato estatal.

Con el sistema político clásico entre liberales y conservadores en ruinas, la herencia del neoconservadurismo del Centro Democrático, la fuerza política de extrema derecha fundada por Uribe y sus sucesores, logra un empate técnico. Ya es incapaz de gobernar, pero al mismo tiempo, todavía tiene la capacidad de movilizar a las fuerzas patronales y militares para impedir el gobierno socialdemócrata. Este es el trasfondo de la crisis colombiana que involucra a uno de los seis hijos del presidente y las acusaciones de favorecer al narcotráfico en la campaña de 2022.

El caso de Nicolás Fernando Petro Burgos y la Operación Lawfare contra su padre

El hijo mayor del actual presidente fue detenido la mañana del sábado 29 de julio. Las acusaciones pasan por blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y favorecimiento para recibir cantidades derivadas del narcotráfico. La causa abierta por el Ministerio Público (MP) de Colombia está a cargo del fiscal Mario Burgos. Desde el inicio del proceso y la detención resultante, el representante del país, Gustavo Petro, manifestó que no haría nada para impedir o entorpecer las labores de la fiscalía y, de hecho, así lo hizo.

Nicolás Fernando termina firmando un acuerdo de culpabilidad, lo que ayuda a armar el caso perfecto. Acusa a la campaña de su propio padre de haber recibido grandes sumas del narcotráfico, más concretamente del contrabandista conocido como el “Hombre Malboro”, Samuel Santander López Sierra. Llama la atención la perfección de los tiempos acusatorios. El presunto corruptor es condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos. Automáticamente, la administración al frente de la Casa de Nariño (sede del Poder Ejecutivo colombiano, en Bogotá, la capital del país) cae en la trampa perfecta de la inteligencia estadounidense.

La opereta está lista. Samuel Santander cumplió dieciocho años en prisión en los Estados Unidos. La exesposa de Nicolás Fernando asegura que él, el hijo mayor del presidente, vivía una vida de lujos con ingresos no laborales y dudosos. Su exesposa -Daysuris Vásquez- se separa por infidelidad y señala a Alfonso Hilsaca – ex patrocinador del paramilitarismo y operador de una oficina de sicarios – como otro financista ilegal del hijo del presidente. Éste, detenido, le conmuta (permuta) la mitad de su pena por la concesión del laudo. ¿Y a quién podría entregar? Precisamente su padre, descontento tanto por narcotraficantes como paramilitares y visto con enorme desconfianza por parte de los operadores de inteligencia y enlace del Plan Colombia – el vergonzoso acuerdo entre militares estadounidenses y colombianos-, cuyo resultado es la pérdida parcial de la soberanía del país ante el Comando Sur. de la superpotencia.

Líneas conclusivas: una trama de militares, fiscales y otras partes interesadas

Desde la campaña, las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia (que opera allí como Policía Nacional, subordinada al Poder Ejecutivo) han visto a Petro con mucha desconfianza. El contingente de 228.000 militares y 172.000 policías en servicio activo (el segundo más grande del continente, solo superado por Brasil) opera como fuerza de presión para un sinfín de manipulaciones lideradas por la Asociación Colombiana de Oficiales de Reserva y otros grupos similares. Antes del escándalo del hijo del presidente, las manifestaciones de la extrema derecha militar eran constantes en la Plaza de Bolívar. Ahora, con la motivación perfecta, es posible (y probable) que venga una ofensiva conservadora, militar y respaldada por Estados Unidos.

El gobierno electo, con Petro y la líder negra Francia Márquez, enfrenta el mayor de sus desafíos: seguir gobernando, ejerciendo autoridad y con legitimidad basada en mayorías movilizadas. Momento duro para la frágil democracia colombiana.

Artículo originalmente publicado en el Monitor del Medio Oriente