La iniciativa se enmarcó dentro del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos” y alcanzó a una amplia franja de funcionarios y trabajadores estatales. La resolución estableció la realización de estudios preventivos orientados a detectar consumo de sustancias psicoadictivas ilegales.
Qué dijo Hugo Passalacqua
La decisión fue difundida por el propio mandatario provincial a través de sus redes sociales. Allí, Passalacqua afirmó: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.
De acuerdo con lo dispuesto por la normativa, la medida incluyó al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal jerárquico de la administración central. También comprendió a miembros de directorios de entes autárquicos, sociedades estatales y empresas con mayoría accionaria provincial.
A su vez, el alcance del decreto incorporó a efectivos de las fuerzas de seguridad, integrantes del servicio penitenciario y agentes pertenecientes al sistema de salud pública provincial.
Según detalló el texto oficial, quienes ocuparon esos cargos o funciones debieron someterse a controles toxicológicos de manera “anual y aleatoria”, con el objetivo de sostener “la transparencia en el ejercicio de la función pública” y garantizar continuidad en los mecanismos de supervisión.
Organismos de aplicación y objetivos de la medida
El artículo 4 del Decreto N° 776 designó al Ministerio de Salud Pública como autoridad de aplicación. El organismo quedó a cargo de elaborar el procedimiento técnico y la reglamentación complementaria necesaria para implementar los exámenes.
La normativa también habilitó la participación de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones en aquellos casos donde la temática requiriera una intervención específica o un abordaje conjunto.
Además, el decreto indicó que, en caso de detectarse sustancias psicotrópicas ilegales, debieron activarse los mecanismos previstos tanto en la Constitución provincial como en la legislación vigente.
En paralelo, la medida contempló dispositivos de asistencia y acompañamiento para las personas alcanzadas. El texto estableció la obligación de garantizar herramientas de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria.
Entre los principios rectores fijados para la aplicación de los controles, la provincia incluyó la confidencialidad, la protección de datos personales, el derecho a la defensa, la privacidad y la no discriminación.
La reglamentación también remarcó la necesidad de preservar el interés público durante todo el proceso vinculado a la realización y eventual tratamiento de los resultados de los estudios toxicológicos.
En el cierre del anuncio, el mandatario provincial sostuvo: “Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”.
Con esta decisión, Misiones se sumó a otras provincias como Santa Fe y Salta, que anteriormente avanzaron con medidas similares orientadas a implementar narcotest obligatorios para funcionarios públicos.
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