El sistema de transporte público de pasajeros en las provincias atraviesa una de sus crisis más agudas de los últimos años. En las últimas semanas en varios distritos aprobaron o están en trámite aumentos en los precios de boleto, mientras que empresas como ERSA, en Chaco, suspendieron decenas de choferes y en Tucumán los trabajadores cobrarán sus salarios en cuotas. Este escenario es fruto de un contexto de caída sostenida de la demanda, aumento de los costos operativos -en especial, combustible y repuestos- y la eliminación de subsidios nacionales que trasladó la responsabilidad financiera a los gobiernos provinciales.
En Santiago del Estero, los concejales de la capital y de la ciudad de La Banda consensuaron un aumento del 22% para el boleto urbano, que pasará de $1.140 a $1.390. La última actualización había sido en diciembre de 2025. Los ediles reconocieron que la situación es crítica por el incremento de costos, la caída del corte de boleto y el incumplimiento del Gobierno en girar fondos de compensación del transporte.
En Bahía Blanca, el Concejo Deliberante también aprobó por mayoría apretada (11 a 10) un aumento escalonado en tres tramos. La tarifa plana saltará de $1.545 a $1.838,50 (+19%) durante 30 días, para luego recibir dos ajustes más en junio y julio, tomando como referencia la inflación del INDEC más un 3%. Al completarse el escalonamiento, el incremento total rondará el 30%.
El tratamiento del incremento fue en una sesión especial que se definió por el apoyo del bloque PRO al oficialismo y por la ausencia de concejales de La Libertad Avanza (Marcos Streitenberger y Marité Gonard). En un intento por despegarse, LLA publicó un comunicado en redes sociales en contra de la medida que no hubiera sido posible si ellos no faltaban y votaban en contra.
En Esquel, Chubut, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante aprobó elevar el boleto único de $1.200 a $1.600 hasta el 30 de junio, y desde el 1º de julio a $1.800. La oposición rechazó el proyecto por «inconsistencias detectadas en los valores y cálculos elaborados por la empresa Jacobsen» y por no considerar «la realidad del traslado de este aumento a las familias, en un contexto de crisis económica».
El presidente del cuerpo Rubén Álvarez, en diálogo con medios locales, sostuvo que el último aumento otorgado a la empresa prestataria había sido en septiembre del año pasado y remarcó que el retraso en la actualización tarifaria generó un impacto mayor. «Pasados siete u ocho meses, el aumento va a impactar mucho más», afirmó.
Además, señaló que el contexto económico afecta de manera directa el funcionamiento del servicio. «La inflación ha impactado de una forma que no es lo que el Gobierno dice todos los días», manifestó, y agregó que la escalada internacional en el precio de los combustibles también repercutió sobre los costos operativos.
Más caro a la Quebrada de Humahuaca
En Jujuy, el gobierno del radical Carlos Sadir autorizó una suba del 3% en el transporte de media distancia, que comenzó a regir el pasado 1 de mayo. Los nuevos valores llevan el boleto desde la capital provincial a La Quiaca, a $31.800; a Humahuaca costará $14.400, en medio de denuncias por despidos de trabajadores en la empresa Santa Ana y la reducción de servicios por parte de las compañías.
Uno de los voceros de los empleados desvinculados, que ofrecieron una conferencia de prensa, sostuvo que nunca recibieron elementos de seguridad, que tuvieron vacaciones mal pagas y que se los obligó a pagar por repuestos rotos o mal instalados. Este mecánico expuso que no desean ser reincorporados y solo exigen el pago de lo adeudado de acuerdo a la escala salarial. Además, denunció que no recibieron apoyo del gremio UTA y que despidos similares por reclamos salariales ya ocurrieron el año anterior con otro grupo de choferes y mecánicos.
En esta provincia, la Cámara de Transporte alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo. El presidente de la entidad Guillermo Ruíz, remarcó que las compañías comenzaron con la reducción de servicios, suprimen horarios y ponen en riesgo la continuidad de algunas líneas. «Lo que está pasando en la provincia es un reflejo de lo que ocurre en todo el país. Las empresas están haciendo lo que pueden para sostener el servicio pero los costos son cada vez más altos y la recaudación no acompaña», explicó Ruiz en diálogo con FM Sol.
El referente del sector remarcó que el principal problema es el impacto del precio del combustible en la estructura de costos. «El costo por kilómetro es muy alto y muchas veces no alcanza ni siquiera para cubrir el combustible. Eso obliga a las empresas a ajustar servicios, reducir refuerzos y reorganizar horarios», indicó. «Están en riesgo unas 175 unidades del sistema interurbano, que podrían quedar fuera de funcionamiento, y hay otras 69 en evaluación. Esto implicaría una reducción importante del parque móvil y, en consecuencia, de los servicios», alertó.
Tucumán: «Seguro habrá una actualización»
En Tucumán, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETAT) presiona por una suba que elevaría el boleto mínimo de $1.250 a $2.400, según su estudio de costos. La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante comenzó a analizar el pedido esta semana, tal cual lo confirmó el presidente de la comisión de Transporte, José María Franco.
«Seguro habrá una actualización», sostuvo el concejal durante una entrevista, aunque aclaró que primero deberán revisar en profundidad el estudio de costos presentado por las empresas de transporte. Remarcó que la discusión formará parte de una agenda más amplia vinculada al funcionamiento integral del sistema urbano.
Pago en cuotas
También en Tucumán, antes del cierre de la semana el gremio UTA confirmó que los choferes percibirán el sueldo de abril en dos partes: el 50% de inmediato y el saldo restante el 20 de mayo. El secretario general del gremio César González, en diálgo con Ámbito, detalló que un trabajador con 15 años de antigüedad debería percibir alrededor de $2.750.000, cifra que incluye el salario acordado, sumas no remunerativas y diferencias salariales pendientes.
«No estamos ajenos en la provincia de lo que está pasando en el país. El transporte está en una situación muy compleja», afirmó González. «Acordamos esta modalidad porque los trabajadores conocen la realidad de las empresas. Es la única manera posible y queremos evitar que compañeros queden en la calle», expresó el dirigente.
La crisis no golpea solo a los bolsillos de los usuarios, ya que en Resistencia, Chaco, la empresa ERSA suspendió sin goce de haberes a 40 choferes del transporte urbano durante todo mayo. La medida fue comunicada el 1º de mayo y la UTA local rechazó su legalidad, aunque confirmó que no habrá paro de colectivos, por ahora. La firma argumentó que el descenso de más del 20% interanual en la cantidad de pasajeros transportados durante el primer trimestre del año, sumado al incremento del precio del gasoil y a la operación con apenas el 50% de la flota prevista, provocó un déficit operativo que impide cubrir los costos básicos de funcionamiento.
La crisis del transporte público no es coyuntural. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), en el AMBA la caída de pasajeros alcanzó el 21% en el último año. En el primer cuatrimestre de 2026, la oferta de colectivos se redujo un 30% respecto de los niveles habituales, con recortes del 40% en servicios interjurisdiccionales.
Pero en las provincias la situación se agrava por la eliminación de subsidios nacionales dispuesta por el presidente Javier Milei a poco de asumir, en diciembre de 2023. Con provincias como Tucumán en donde se evalúa duplicar el valor actual, el transporte público se encamina a convertirse en un servicio cada vez más lejano para algunos sectores de la población.
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