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EL TESTIMONIO QUE SACUDE A LA DICTADURA | ADRIANA BRITOS, HISTORIAS DESOBEDIENTES
Adriana Britos, integrante del colectivo Historias Desobedientes, relató cómo su propia casa funcionaba como base operativa de la patota policial durante la última dictadura y aportó revelaciones clave en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad. Ellas es hija de un excomisario del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) ya fallecido y condenado por terrorismo de Estado, brindó un testimonio tan crudo como revelador sobre su infancia y las vivencias dentro de un hogar que operaba como centro de operaciones clandestino.
Integrada desde fines de 2019 al colectivo Historias Desobedientes —organización que nuclea a familiares de genocidas que militan por la Memoria, la Verdad y la Justicia—, Britos reconstruyó en diálogo periodístico los recuerdos que marcaron su infancia y que hoy forman parte de su declaración ante la Justicia. Una casa convertida en base de operaciones
Nacida en 1969, Britos relató que las reuniones previas a los secuestros y allanamientos ilegales se llevaban a cabo habitualmente en el comedor de su familia:
«Mi casa era como una base de operaciones. Ahí se congregaba la patota para la definición de los ataques bajo una supuesta legalidad. (…) Desde muy chica aprendí lo que era submarino húmedo, submarino seco, secuestros, tortura, Triple A, órdenes de allanamiento en blanco firmadas por jueces», afirmó. Uno de los episodios más impactantes narrados por Britos ocurrió en 1976, cuando su padre llegó en horas de la noche con un Renault 12 marrón junto a otros efectivos armados:
«Quisimos salir a saludarlo y le dijo a mi mamá: ‘No salgan porque está el bulto afuera. Y si oye voces, va a gritar’. En la jerga policial de la época, ‘el bulto’ era una persona secuestrada», recordó. Asimismo, Britos denunció ante los tribunales la existencia y quema sistemática de documentación secreta en el garage de su vivienda, donde halló libros de actas con tapas negras y sellos de «estrictamente privado y confidencial» con listados de nombres que luego eran incinerados. Reveló además que la Justicia prevé realizar intervenciones en el inmueble ante la sospecha de documentación aún oculta. Respecto al desarrollo actual del debate oral, Britos cuestionó las maniobras de los represores imputados —entre ellos reconocidos expolicías del D2 como Yaniselli y Lardone— para eludir la presencialidad en las salas mediante recursos virtuales: «Muchos se escudan detrás de la virtualidad, se cambian los nombres en las pantallas y se esconden de las cámaras alegando problemas de salud. Pero cuando las víctimas se descompensaban en las sesiones de tortura, ellos no tenían piedad», sentenció. Al reflexionar sobre el sentido de su testimonio, Britos concluyó con un mensaje contundente contra el aparato represivo: «Con todo el aparato de inteligencia que tenían, se creían invencibles y despreciaron totalmente la posibilidad de que una niña se acordara de todo eso y hoy pudiera declarar frente a un tribunal: ‘Ustedes son culpables’».
Adriana Britos, integrante del colectivo Historias Desobedientes, relató cómo su propia casa funcionaba como base operativa de la patota policial durante la última dictadura y aportó revelaciones clave en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad. Ellas es hija de un excomisario del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) ya fallecido y condenado por terrorismo de Estado, brindó un testimonio tan crudo como revelador sobre su infancia y las vivencias dentro de un hogar que operaba como centro de operaciones clandestino.
Integrada desde fines de 2019 al colectivo Historias Desobedientes —organización que nuclea a familiares de genocidas que militan por la Memoria, la Verdad y la Justicia—, Britos reconstruyó en diálogo periodístico los recuerdos que marcaron su infancia y que hoy forman parte de su declaración ante la Justicia. Una casa convertida en base de operaciones
Nacida en 1969, Britos relató que las reuniones previas a los secuestros y allanamientos ilegales se llevaban a cabo habitualmente en el comedor de su familia:
«Mi casa era como una base de operaciones. Ahí se congregaba la patota para la definición de los ataques bajo una supuesta legalidad. (…) Desde muy chica aprendí lo que era submarino húmedo, submarino seco, secuestros, tortura, Triple A, órdenes de allanamiento en blanco firmadas por jueces», afirmó. Uno de los episodios más impactantes narrados por Britos ocurrió en 1976, cuando su padre llegó en horas de la noche con un Renault 12 marrón junto a otros efectivos armados:
«Quisimos salir a saludarlo y le dijo a mi mamá: ‘No salgan porque está el bulto afuera. Y si oye voces, va a gritar’. En la jerga policial de la época, ‘el bulto’ era una persona secuestrada», recordó. Asimismo, Britos denunció ante los tribunales la existencia y quema sistemática de documentación secreta en el garage de su vivienda, donde halló libros de actas con tapas negras y sellos de «estrictamente privado y confidencial» con listados de nombres que luego eran incinerados. Reveló además que la Justicia prevé realizar intervenciones en el inmueble ante la sospecha de documentación aún oculta. Respecto al desarrollo actual del debate oral, Britos cuestionó las maniobras de los represores imputados —entre ellos reconocidos expolicías del D2 como Yaniselli y Lardone— para eludir la presencialidad en las salas mediante recursos virtuales: «Muchos se escudan detrás de la virtualidad, se cambian los nombres en las pantallas y se esconden de las cámaras alegando problemas de salud. Pero cuando las víctimas se descompensaban en las sesiones de tortura, ellos no tenían piedad», sentenció. Al reflexionar sobre el sentido de su testimonio, Britos concluyó con un mensaje contundente contra el aparato represivo: «Con todo el aparato de inteligencia que tenían, se creían invencibles y despreciaron totalmente la posibilidad de que una niña se acordara de todo eso y hoy pudiera declarar frente a un tribunal: ‘Ustedes son culpables’».
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