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EL FRENO A LOS EMBARGOS DE ARCA | ELISABET PIACENTINI, TRIBUTARISTA en #ENSONDEPAZ
La reciente decisión del Ministerio de Economía de suspender los embargos ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trajo un respiro esperado para el entramado productivo nacional. En diálogo con el ciclo En Son de Paz, la especialista tributaria y referente de la Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, Elisabet Piacentini, analizó las implicancias prácticas de la resolución y las dificultades estructurales que todavía condicionan al comercio y la industria. Un freno a la pérdida de liquidez operativa
La medida responde a reiterados pedidos elevados por entidades profesionales y cámaras empresarias frente al impacto de los juicios de ejecución fiscal. Piacentini explicó que los bloqueos de fondos solían aplicarse de forma intempestiva por deudas impositivas o desfasajes en los anticipos, lo que terminaba por paralizar la operatoria comercial de firmas ya afectadas por la caída del consumo y el corte en la cadena de pagos. Desde su perspectiva, garantizar la continuidad de la producción y la venta resulta indispensable para que los contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones con el fisco.
El beneficio alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, además de instituciones de salud y entidades sin fines de lucro como clubes barriales o asociaciones vecinales. Para acceder a la protección legal, el único requisito excluyente consiste en disponer del Certificado MiPyME al día. Las demoras burocráticas para liberar fondos
Uno de los principales problemas operativos planteados por la especialista radica en la disparidad de tiempos procesales entre la aplicación y el levantamiento de las medidas cautelares. Mientras la traba judicial se efectiviza prácticamente en el acto, el desbloqueo de las cuentas bancarias suele demorar más de diez días hábiles, incluso si la deuda se cancela o se regulariza a través de un plan de pagos de inmediato.
Esta brecha genera un perjuicio económico severo, ya que el comerciante debe sortear trámites burocráticos que incluyen la localización del mandatario fiscal asignado, el pago de honorarios profesionales y la espera de la orden judicial que notifique formalmente a las entidades financieras para rehabilitar los saldos. Ingresos Brutos, costos financieros y reforma tributaria
El análisis también puso el foco en la presión tributaria subnacional y los costos que encarecen la actividad cotidiana:
Tributos locales y tasas: Piacentini señaló el impacto distorsivo del impuesto a los sellos y de Ingresos Brutos sobre los márgenes de los comercios minoristas y de proximidad.
Comisiones por cobro digital: Subrayó el peso que representan las retenciones y los plazos de liquidación de las plataformas de pago electrónicas, sumados a las tasas de interés bancarias.
Debate federal: Consideró fundamental abrir un diálogo integral con las provincias para reformar la ley de coparticipación y avanzar hacia un esquema impositivo simplificado, previsible y coordinado entre la Nación y las jurisdicciones locales.
La reciente decisión del Ministerio de Economía de suspender los embargos ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trajo un respiro esperado para el entramado productivo nacional. En diálogo con el ciclo En Son de Paz, la especialista tributaria y referente de la Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, Elisabet Piacentini, analizó las implicancias prácticas de la resolución y las dificultades estructurales que todavía condicionan al comercio y la industria. Un freno a la pérdida de liquidez operativa
La medida responde a reiterados pedidos elevados por entidades profesionales y cámaras empresarias frente al impacto de los juicios de ejecución fiscal. Piacentini explicó que los bloqueos de fondos solían aplicarse de forma intempestiva por deudas impositivas o desfasajes en los anticipos, lo que terminaba por paralizar la operatoria comercial de firmas ya afectadas por la caída del consumo y el corte en la cadena de pagos. Desde su perspectiva, garantizar la continuidad de la producción y la venta resulta indispensable para que los contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones con el fisco.
El beneficio alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, además de instituciones de salud y entidades sin fines de lucro como clubes barriales o asociaciones vecinales. Para acceder a la protección legal, el único requisito excluyente consiste en disponer del Certificado MiPyME al día. Las demoras burocráticas para liberar fondos
Uno de los principales problemas operativos planteados por la especialista radica en la disparidad de tiempos procesales entre la aplicación y el levantamiento de las medidas cautelares. Mientras la traba judicial se efectiviza prácticamente en el acto, el desbloqueo de las cuentas bancarias suele demorar más de diez días hábiles, incluso si la deuda se cancela o se regulariza a través de un plan de pagos de inmediato.
Esta brecha genera un perjuicio económico severo, ya que el comerciante debe sortear trámites burocráticos que incluyen la localización del mandatario fiscal asignado, el pago de honorarios profesionales y la espera de la orden judicial que notifique formalmente a las entidades financieras para rehabilitar los saldos. Ingresos Brutos, costos financieros y reforma tributaria
El análisis también puso el foco en la presión tributaria subnacional y los costos que encarecen la actividad cotidiana:
Tributos locales y tasas: Piacentini señaló el impacto distorsivo del impuesto a los sellos y de Ingresos Brutos sobre los márgenes de los comercios minoristas y de proximidad.
Comisiones por cobro digital: Subrayó el peso que representan las retenciones y los plazos de liquidación de las plataformas de pago electrónicas, sumados a las tasas de interés bancarias.
Debate federal: Consideró fundamental abrir un diálogo integral con las provincias para reformar la ley de coparticipación y avanzar hacia un esquema impositivo simplificado, previsible y coordinado entre la Nación y las jurisdicciones locales.
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