Ante el agravamiento de las condiciones operativas y el vencimiento de los plazos de negociación paritaria, la Asociación de los Trabajadores del Estado de Aviación Civil (ATE ANAC) denunció al Gobierno Nacional por incumplimientos en materia de seguridad aeroportuaria. El plan de lucha incluye una retención de tareas a partir del viernes 6 de noviembre en 27 aeropuertos de todo el país y medidas de control exhaustivo (“operación japonesa”) en Ezeiza y Aeroparque.
Para profundizar en los motivos de la protesta, Francisco Paz en el programa En Son de Paz dialogó con el coordinador nacional de ATE ANAC, Marcelo Belelli, quien expuso las consecuencias del ajuste fiscal en la operatividad de los aeropuertos y el desvío de los fondos específicos de la actividad.
Desfinanciamiento de la seguridad aérea y desvío de recaudación
Belelli advirtió que la falta de recursos en las terminales aéreas responde a una decisión política deliberada del Poder Ejecutivo para priorizar un superávit fiscal a costa de las necesidades básicas del sector. “Hoy el gobierno decide que los recursos y los impuestos que los pasajeros pagan por subirse arriba de un avión no vuelvan al organismo que debe prestar servicios en materia de seguridad aérea, y sirvan para acrecentar un supuesto superávit fiscal», explicó.
El dirigente gremial precisó que la tasa aérea abonada por cada pasajero recauda anualmente unos 224.000 millones de pesos, de los cuales solo un 10% llega efectivamente a los aeropuertos —principalmente al servicio de extinción de incendios—, mientras que el resto es absorbido por el Ministerio de Economía.
Degradación de aeropuertos y el caso paradigmático de San Luis
La medida de fuerza afectará a 27 terminales aéreas en todo el país que presentan serias deficiencias operativas. Entre ellas, Belelli mencionó los casos de Comodoro Rivadavia, Formosa, Posadas, Río Cuarto, Salta y Resistencia, destacando con especial preocupación la situación de San Luis:
“Se ha resuelto llevar una autobomba del aeropuerto de Merlo [Concarán] a San Luis, a 220 km de distancia, una autobomba que solamente puede rodar en pistas de un aeropuerto. Se trasladó por la vía pública, poniendo en riesgo la situación, y además se empezó a trasladar a los pasajeros de Concarán en micro desde la capital provincial… una locura.”
Salarios congelados y la falta de diálogo oficial
Además de las exigencias en materia de infraestructura y seguridad operacional, el sindicato reclama la apertura de la paritaria sectorial, la cual —según denunciaron— lleva tres años sin mesas de discusión formales ni actualización de haberes desde el mes de enero. “Hasta que eso no se resuelva o mínimamente si nos convoca un ámbito para poder trabajarlo, la acción gremial a partir del día viernes 6 se va a poner en práctica. La última charla que tuvimos con la gente de la Secretaría de Transporte me dijeron claramente que no tienen intención de dialogar.”
Desde el gremio aclararon que durante las jornadas de protesta se garantizarán estrictamente los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales, responsabilizando al Gobierno Nacional por las demoras o cancelaciones debido a la falta de voluntad política para sostener condiciones de trabajo dignas y seguras.