La agencia de riesgo internacional Moody's Ratings oficializó la suba en la calificación de la deuda soberana de largo plazo de la República Argentina, elevando la nota desde la categoría Caa1 hacia B3 y modificando la perspectiva crediticia desde "estable" hacia "positiva". La decisión ubica a la firma norteamericana en sintonía con las recientes revaluaciones emitidas por las consultoras S&P Global y Fitch Ratings, fundamentando el cambio en la disminución sustancial de las probabilidades de un incumplimiento de pagos (default) y en la consolidación del ancla fiscal dispuesta por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El dictamen de las calificadoras internacionales fue ratificado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien sostuvo que las reformas estructurales en marcha apuntan a posicionar a la Argentina dentro del rango de "grado de inversión" con horizonte al año 2031. No obstante, el análisis de la coyuntura expone una clara dualidad: mientras la macroeconomía exhibe superávits fiscales primarios sostenidos, acumulación de reservas en el Banco Central y la eliminación de la emisión monetaria para financiar el Tesoro, el derrame de dichos indicadores sobre la microeconomía y los servicios públicos esenciales mantiene una marcha sensiblemente más lenta. Del consenso de Wall Street a las urgencias de la infraestructura
El informe financiero proyecta una mayor atracción de capitales hacia los sectores de minería y energía, pero remarca el contraste frente a las deudas sociales de fondo: Sustentabilidad financiera y RIGI: Moody’s ponderó que la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto con el crecimiento proyectado de las exportaciones hidrocarburíferas y mineras, reduce la vulnerabilidad externa y otorga previsibilidad a las corporaciones transnacionales para el giro de dividendos. Comportamiento institucional ante los procesos electorales: Desde la conducción económica se desestimó que la contienda electoral venidera genere corridas bancarias o inestabilidad cambiaria, atribuyendo las crisis históricas a los desequilibrios de las cuentas públicas y no a la dinámica de las urnas. La brecha con el tejido social: Pese al reconocimiento técnico del ordenamiento financiero, persisten carencias estructurales en vasta parte del territorio nacional, donde la falta de acceso a la red de gas natural, las deficiencias en el mantenimiento vial y los recortes en prestaciones de salud evidencian que el ajuste macroeconómico aún no se tradujo en una mejora concreta en las condiciones de vida de la ciudadanía.


