## Un proyecto que divide aguas en la coalición
Carlos Sadir, mandatario jujeño de la UCR y referente del oficialismo, salió a cruzar de plano una de las banderas del equipo económico. El gobernador radical expresó su rechazo frontal a la iniciativa que busca eliminar la normativa 25.542, más conocida como ley del Libro, impulsada desde la órbita de Federico Sturzenegger. La medida, que forma parte del paquete desregulador del Ejecutivo nacional, ya generó rechazo entre libreros, editoriales independientes y ahora también entre figuras del propio bloque gobernante.
La norma que protege el sector librero lleva más de dos décadas vigente. Nació en plena debacle económica de 2001 y entró en vigencia en enero de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Este dato histórico la libreros lo esgrimen con énfasis ante quienes —según denuncian— intentan asociarla con el kirchnerismo para desprestigiarla.
## El argumento del gobernador jujeño
Desde sus redes sociales, Sadir dejó en claro que no compra la versión oficial sobre los beneficios de la derogación. «Presentar esto como una simple reducción de costos es ignorar el impacto real», sostuvo el radical. Según su análisis, la eliminación del precio único permitiría que las grandes cadenas comerciales aplasten a los negocios de barrio mediante promociones agresivas que estos últimos no podrían igualar.
El mandatario provincial proyectó una secuencia preocupante: mayor concentración del mercado, menos competencia real y, como resultado final, una oferta cultural más pobre y homogénea. «Las librerías son algo más que un punto de venta: son lugares de encuentro, de construcción cultural y fuente de empleo», remarcó Sadir, quien también destacó el rol formativo de la lectura en una era signada por la velocidad de las plataformas digitales.
## La voz del sector
La Cámara Argentina del Libro (CAL) se manifestó con idéntica preocupación. En un comunicado formal, la entidad que nuclea a los actores del mundo editorial subrayó que la ley no constituye una intervención estatal arbitraria, sino un mecanismo para impedir que la lógica puramente comercial restrinja el acceso a la cultura.
El sistema de precio uniforme, explicaron, desplaza la competencia hacia terrenos donde las librerías pequeñas pueden destacarse: atención personalizada, curaduría de catálogos, recomendaciones especializadas. Sin esta protección, el terreno queda desnivelado a favor de quienes pueden subsidiar descuentos masivos.
La Cámara también puso el acento en la cadena de valor que sostiene cada publicación: pequeñas editoriales que arriesgan capital, autores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores y los propios libreros. Un entramado que, según destacan, goza de reconocimiento más allá de las fronteras nacionales.
## Los pilares de una norma controvertida
La legislación vigente establece varios mecanismos clave. Por un lado, fija un valor de venta único para cada título durante un lapso determinado desde su lanzamiento, obligando a respetarlo en todo el territorio. Por otro, contempla herramientas para fortalecer la producción editorial local y resguardar la diversidad de contenidos. Además, prevé políticas de fomento a bibliotecas populares, ferias del libro y campañas de lectura. Finalmente, busca preservar una red capilar de librerías distribuidas geográficamente, donde la competencia se juegue por calidad de servicio y no exclusivamente por cifras en los precios.
La pulseada entre el Poder Ejecutivo y quienes resisten la derogación promete extenderse en los próximos meses, con el Congreso como escenario inevitable del debate.
Redacción SDN
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