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Causa Molino Fénix: La defensa de Anabela Lucero habló sobre la denuncia penal en su contra y brindó detalles sobre el estado de salud de la exdiputada
Adriel Cabello, abogado defensor de Anabela Lucero, dialogó con Francisco Paz sobre la denuncia penal y rechazó las acusaciones de la directora del Servicio Penitenciario Provincial. Además, comentó sobre el estado de salud de Anabela Lucero, quien se niega a dejar a la huelga de hambre.
En la causa de Molino Fénix en Villa Mercedes, provincia de San Luis, se mantiene la investigación por un presunto esquema de corrupción, desvío de fondos públicos y administración fraudulenta en el complejo cultural y la Casa de la Música. En ese sentido, una de las principales imputadas, la exdiputada Anabela Lucero, presentó problemas de salud durante la prisión preventiva y la defensa rechazó la reciente denuncia penal en contra de los abogados.
Adriel Cabello y Esteban Bustos, los abogados de la defensa de Lucero, fueron denunciados penalmente por Karina Manteli, directora del Servicio Penitenciario Provincial. Según el escrito, tuvieron diversas conductas que atentaron la seguridad interna, poniendo en riesgo la paz poblacional del lugar y pergeñando alguna maniobra que tienda a entorpecer el proceso penal o algún tipo de evasión.
En ese sentido, Cabello, en diálogo con Francisco Paz, conductor del programa En Son de Paz, señaló que la denuncia es “una maniobra que implica bastante coordinación de diferentes organismos del Estado”. Cuestionaron que no comprendieron la acusación de pergeñar, pero en la audiencia que tuvieron el viernes pasado interpretaron que fue el “único fundamento para mantener la prisión preventiva, que termina siendo que se habrían cometido delitos en el marco del encierro”.
Esteban Bustos y Adriel Cabello brindaron una conferencia de prensa sobre la acusación de la directora del Servicio Penitenciario.
Tras ese argumento, el abogado advirtió que están tratando de ocultar un problema de salud que fue acreditado por 12 médicos, entre ellos diversos especialistas. “Hubo 10 traslados a centros especializados, donde cada uno de ellos constató y certificó que el problema es real”, explicó y agregó que Lucero se mantiene medicada con tramadol y montelukast para evitar que la membrana de la prótesis mamaria no se rompa.
La denuncia se encuentra en el mismo expediente de la causa
La denuncia penal se mantiene en el mismo expediente y no en la Unidad de Abordaje Fiscal. Según Manteli, estarían visitando muchas veces a la defendida y Cabello aclaró que no sería un delito en sí mismo. “Hablan de que podríamos estar intentando con esta recurrencia, como coludirse con los empleados del servicio penitenciario o tratar de estar haciendo un vínculo”, comentó. Se trata de una acusación que involucra también a las fuerzas de seguridad y todo el protocolo que conlleva llegar a ver a la imputada.
En conclusión, el abogado manifestó que no hay fundamento para extender la prisión preventiva y no existe una conducta delictiva en sí misma; es por eso que no se encuentran preocupados. “Te da impotencia ver cómo usan el Estado en perjuicio para poder reforzar la situación de encierro”, lamentó.
Estado de salud de Anabela Lucero
En la audiencia que se realizó el pasado viernes, la defensa de la imputada denunció que el gobierno intentaba desacreditar su cuadro de salud. Cuestionaron la postura de la fiscalía de Estado, que sostuvo que existirían registros falsos de mediciones de su presión arterial.
Para la defensa, esa afirmación intenta desacreditar un problema de salud documentado por distintos profesionales mayoritariamente pertenecientes al propio sistema público provincial.
Cabello mencionó que es necesario buscar una solución de fondo e implica la cirugía. Lucero continúa con la medicación, pero continúa realizando la huelga de hambre como medida de protesta. Eso la podría derivar en futuras complicaciones, por lo que la defensa y los médicos intentan convencerla de que cese con esa alternativa.
Derechos inherentes que no son respetados
“La vamos a seguir acompañando, le moleste a quien le moleste y consideramos que está privada de la libertad, pero no del acceso a la salud, de la dignidad, que son derechos inherentes a la persona que están siendo golpeados”, concluyó.
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