Opinión
La deuda que asfixia a San Luis: primero la emergencia de las familias. Por Dr. Fernando Pastor
San Luis atraviesa una emergencia económica que la política provincial no puede seguir contemplando desde la distancia. Según el Mapa de la Deuda, 242.648 puntanos tienen obligaciones registradas en el sistema financiero y 79.009 acumulan atrasos superiores a 90 días. Esto significa que el 32,56% de las personas endeudadas está en mora.
Debemos formular correctamente el dato: no es uno de cada tres habitantes, sino uno de cada tres deudores. Los morosos representan aproximadamente el 14,6% de toda la población provincial y cerca de uno de cada cinco adultos. Sigue siendo una cifra extraordinariamente grave. Mapa de la deuda
Tampoco estamos frente a una sociedad que se endeudó mayoritariamente para acceder a bienes suntuarios. La deuda se incorporó al presupuesto cotidiano porque el salario, la jubilación y los ingresos de los trabajadores independientes dejaron de alcanzar. La tarjeta financia alimentos; la billetera virtual permite pagar servicios; el préstamo personal cubre medicamentos, alquileres, útiles escolares o el saldo de otra deuda.
El problema golpea especialmente a jóvenes con inserción laboral precaria, trabajadores informales, empleados públicos y privados con ingresos deteriorados, jubilados, familias monoparentales, cuentapropistas y pequeños comerciantes. Entre los puntanos menores de 25 años que tienen deudas, están en mora el 41,8% de los varones y el 45,26% de las mujeres. Muchos comienzan su vida laboral con antecedentes crediticios negativos y quedan expulsados del sistema financiero formal.
Las PyMEs integran la misma crisis, aunque deben analizarse por separado: el mapa provincial difundido corresponde esencialmente a personas y no permite determinar cuántas empresas puntanas están endeudadas. Como referencia, el Banco Central informó que, en junio de 2026, la mora nacional alcanzaba el 12,8% del financiamiento familiar y el 3,5% del crédito empresarial. Detrás de este último porcentaje hay comercios y unidades productivas que se endeudan para pagar salarios, reponer mercadería, afrontar tarifas o sostener capital de trabajo.
Los principales acreedores son bancos privados y públicos, emisoras de tarjetas, compañías financieras, casas de electrodomésticos, tarjetas comerciales y billeteras virtuales. Los mayores niveles de incumplimiento aparecen nacionalmente entre proveedores no financieros, tarjetas no bancarias y plataformas digitales. Fuera de las estadísticas queda un universo todavía más peligroso: el crédito informal y la usura.
Desde Principios y Valores proponemos transformar la doctrina del esfuerzo compartido en un programa concreto. No se trata de perdonar indiscriminadamente las deudas ni de premiar al incumplidor. Se trata de reconocer que, cuando cientos de miles de familias dejan de pagar simultáneamente, ya no existe solamente un problema individual: existe una crisis social, productiva y financiera.
Proponemos crear un Fideicomiso de Recuperación Familiar y Productiva, administrado con control estatal, auditoría pública y representación de deudores, trabajadores, PyMEs y entidades acreedoras.
El mecanismo debería:
- Reunir las deudas elegibles de familias y MiPyMEs.
- Suspender intereses punitorios, comisiones abusivas y acciones de cobro mientras se cumpla el acuerdo.
- Exigir a los acreedores que resignen la rentabilidad extraordinaria incorporada en tasas y recargos.
- Disponer que el Estado renuncie a los impuestos asociados con esos intereses.
- Consolidar cada obligación sobre el capital efectivamente recibido, actualizado de manera razonable.
- Refinanciarla a largo plazo, con cuotas compatibles con el ingreso familiar o el flujo productivo.
- Investigar tasas usurarias, hostigamiento y falsos embargos.
- Restablecer gradualmente el acceso al crédito de quienes cumplan el nuevo convenio.
La provincia puede comenzar con un registro de afectados, patrocinio jurídico gratuito, mediación colectiva y un fideicomiso de adhesión voluntaria. Para intervenir obligatoriamente sobre bancos, impuestos nacionales y regulaciones financieras será necesaria una ley nacional y la participación del BCRA. La propuesta de Moreno justamente coloca el esfuerzo sobre las tres partes: el acreedor resigna ganancias extraordinarias, el Estado resigna carga impositiva y el deudor devuelve el capital en condiciones posibles.
Mientras esta emergencia avanza, la Legislatura discute una reforma parcial de la Constitución provincial que comprende 23 artículos, otros 23 nuevos y cuatro capítulos adicionales. Incluye asuntos institucionalmente atendibles, como los límites a los mandatos, el balotaje, la selección de jueces, el agua, la tecnología y el régimen electoral. Pero reconocer que algunos temas pueden ser valiosos no obliga a aceptar que sean la prioridad del momento.
Para el ciudadano que no puede pagar la tarjeta, para la madre que financia alimentos, para el jubilado que se endeuda para comprar medicamentos o para la PyME que lucha por sostener sus puestos de trabajo, modificar hoy la arquitectura institucional no resuelve la emergencia de mañana. La Constitución organiza el poder; la política debe ocuparse primero de proteger al pueblo.
San Luis necesita instituciones sólidas, pero también una escala de prioridades moralmente correcta. Antes de discutir cómo se distribuye, limita o prolonga el poder político, debemos impedir que miles de familias pierdan su tranquilidad, su patrimonio y su futuro.
Cuando uno de cada tres deudores ya no puede pagar, la verdadera reforma pendiente es volver a poner la economía al servicio de la comunidad.
Acerca del autor
